Sin duda, el enfrentamiento con la Iglesia española del Gobierno actual está casi garantizado. Como es fácil deducir, la incorporación de la izquierda más radical en el Ejecutivo hace que la relación con los obispos se complique extraordinariamente. Y la importancia de esta relación estriba en que es posible que la viabilidad económica de la Iglesia esté en peligro y que, por ejemplo, el servicio educativo y la labor social que se realiza a través de Cáritas se convierta en una entelequia. Este no es un asunto menor ni algo que se pueda arreglar a base de odios irracionales o favores inexplicables.
Uno de los caballos de batalla que más repercusión tiene en los medios de comunicación y, por tanto, entre la opinión pública, es el del pago del IBI por parte de la Iglesia española. El Gobierno de Sánchez presenta este problema como si se tratase de un trato de favor con el que hay que acabar. Sin embargo, que la Iglesia no pague el IBI se debe a que la Ley de Mecenazgo de 2002 dice que quedan exentas de ese pago las entidades que realicen servicios sociales contrastados. Es decir, en el caso de la Iglesia española, los edificios que no tienen relación con la labor pastoral o social están fuera de esa exención fiscal. Un ejemplo son las casas rectorales.
Si los obispos tienen que pagar impuestos deben hacerlo. Pero si la ley dice que no deben pagar ni ellos ni otras entidades, como pueden ser los sindicatos CCOO o UGT, no se puede buscar un perjuicio injusto e injustificable.