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Pablo Iglesias. / EFE
Una estrategia propia de los políticos más populistas consiste en proyectar motivos de distracción sobre sus propias mentiras. Si se sienten amenazados no dudan en atacar frontalmente a sus adversarios tapando, eso sí, sus miserias. Creen que así quedan a salvo ellos mismos y el partido en el que militan. Siempre olvidan que los medios de comunicación libres hacen su trabajo y que no dudan en denunciar este tipo de comportamientos y esas miserias que se quieren ocultar.
Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno de España, tendrá que pasar por los tribunales para explicar qué pasó con esa tarjeta que se quedó durante semanas para no presionar a su propietaria, tendrá que explicar todo aquello que el juez estime oportuno. Pero Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados y el Defensor del Pueblo, tendrán que detener un ataque contra los medios de comunicación que Iglesias ha lanzado de forma que su cargo ha de soportar una mancha más que los políticos mediocres, autoritarios y aficionados, van acumulando sobre los cargos institucionales.
La información es un derecho fundamental. Y si esa información está dedicada a la denuncia de actitudes dudosas sean de quien sean hay que tener el mismo respeto por ella que si se tratase de cualquier otro asunto.
Iglesias está aprovechando los mítines electorales en Galicia y en el País Vasco para lanzar ataques indiscriminados contra los medios de comunicación y contra periodistas a los que señala sin pudor, por tanto contra la libertad de información. También contra la Justicia. Todo lo que puede destapar la verdad del conocido como ‘caso Dina’ es objetivo del armamento retórico de Iglesias.
Pedro Sánchez debería saber que consentir estos ataques por parte de uno de los miembros de su Gobierno hace cómplice a la totalidad del mismo. No parece que lo sepa.
Es peligroso que dos pilares de la democracia estén siendo puestos en duda por el Vicepresidente segundo del Gobierno. Peligroso e inadmisible.