Está quedando diáfanamente claro que el Rey Felipe VI ha ido actuando conforme a lo que la ley, la honradez y lo esperado de una institución fundamental como es la Monarquía española, a medida que se han ido produciendo los acontecimientos.
Cuando Felipe VI conoció la existencia de la cuenta offshore que tenía de titular al actual rey emérito en Panamá y en la que el actual monarca aparecía como beneficiario, no dudó en advertir de ello a las autoridades y, posteriormente, anuló la cantidad que recibía su padre como asignación de la Casa Real. Y, así, ha llegado Felipe VI hasta el momento actual, defendiendo sin fisuras una ejemplaridad tan necesaria como obligada. Sin duda, tomará las medidas más adecuadas para dejar intacta la Corona.
Es por todo ello por lo que no se entiende que los ataques al Rey se estén produciendo desde dentro del propio Gobierno y de las propias instituciones. Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo del Gobierno, o Gloria Elizo, como vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, no han dudado en atacar la Corona. Pero, también, hemos escuchado ayer mismo a Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, calificar de organización criminal a la monarquía española.
Lo chocante no es que algunos ataquen e insulten a la Corona. Lo verdaderamente insólito es que desde el Palacio de La Moncloa no intenten defender al Rey, que es el Jefe del Estado, y no intenten poner orden dentro y fuera del Gobierno. Es inadmisible y la actitud de Sánchez debe cambiar porque el deterioro de las todas las instituciones comienza a ser peligroso para la democracia española.