Es incomprensible cómo el Gobierno de España está consintiendo que la educación se convierta en una especie de trámite insalvable para los niños y jóvenes españoles que no sirve para gran cosa.
Dejar que las Comunidades Autónomas otorguen el título de ESO y Bachillerato sin que el número de suspensos sea un impedimento es una medida absurda, peligrosa y la razón por la que una generación puede quedar en tierra de nadie. El Real Decreto-Ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 29 de septiembre y en el que se aprueban medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, acaba de un plumazo con el esfuerzo, con los méritos, con la capacidad de superación y la excelencia en los institutos y colegios españoles. Las Comunidades Autónomas podrán titular a los alumnos que considere oportunos aunque arrastren suspensos. Por ejemplo, en Bachillerato podrán titularse cuando hasta ahora no se permitía un solo suspenso. Y mientras la pandemia siga dominando la situación, esta medida seguirá en vigor.
No parece que la ministra de Educación, Isabel Celaá, entienda que el camino es el contrario. Lo que hay que lograr es que los estudiantes quieran esforzarse, quieran tener su propio criterio; lo que hay que lograr es que el interés de los estudiantes sea alto y quieran superarse a sí mismos. ¿No es conseguir una generación de mediocres un coste económico y social que ningún país del mundo puede permitirse?
Las medidas son absurdas aunque lo más impactante es que van contra la Constitución española que dicta que ‘es competencia exclusiva del Estado la de regular los requisitos para titular en ESO y Bachillerato’. Y contra la actual ley de educación (Loe-Lomce) que expresa el número máximo de suspensos para conseguir los títulos. Por si era poco, durante este curso se exime a los profesores de educación secundaria de tener el master que les habilita para realizar la función docente.
Todo indica que la intención de este Gobierno es que la sociedad se mueva al son del pensamiento único, de la mediocridad, de la falta de criterio. Todo indica que los intereses partidistas se imponen sobre el interés general. Y el problema es que, finalmente, tanta falta de preparación en las aulas, tanta chapuza en nombre de la educación de nuestros niños y jóvenes, convertirán al pueblo español en una sociedad mucho peor preparada, mucho más ignorante y, por tanto, mucho más manipulable.
Toda inversión en educación es poca si un país quiere ser próspero y moderno. Pero toda inversión en educación que lleve a tener 17 formas de enseñar en el mismo país o 17 criterios distintos para promocionar a los alumnos, es una inversión que no sacará de la ignorancia a nadie y será mucho más costoso con el paso del tiempo. Arreglar un desastre de esta magnitud es infinitamente más caro que provocarlo. Entre otras cosas porque los que tienen que poner solución son esos que siguen siendo ignorantes aun pasando previamente por el instituto.