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Imagen de Manila (Filipinas). / EFE
Existe un organismo intergubernamental financiado por la Unión Europea que dedica sus esfuerzos a la vigilancia de la calidad democrática de los diversos países de Europa y del resto del mundo. Su nombre es Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral y en su último informe ha dejado claro que en muchos países, como consecuencia de la llegada de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, se han tomado medidas que tacha de «ilegales, desproporcionadas, indefinidas o innecesarias». Por su parte, desde la ONU se está señalando el peligro que corren las libertades en los países de todo el mundo y, especialmente, en los países que sufren un régimen dictatorial o una democracia fingida o de muy baja calidad. Siempre que los males aparecen y son incontrolables en principio, los líderes de diversos países aprovechan para reafirmar su poder con decisiones de dudosa moral, ética y sentido democrático.
Es por ello por lo que hay que mirar los resultados en la República Popular de China con mucha precaución. Es sorprendente el resultado que se ha obtenido con la gestión de la pandemia en ese país.
Sin duda alguna, en el resto del mundo, rebajando las libertades individuales y colectivas, se controlaría mejor a la población, pero el coste sería brutal y nocivo hasta límites desconocidos. Es necesario afrontar este tipo de crisis sin encontrar excusas por las que se puedan cercenar los derechos fundamentales. El ser humano sin libertad deja su condición en el camino y esa sería la peor de las pandemias.
En España, tampoco nos hemos librado de estas decisiones inexplicables con las que el Gobierno de Sánchez ha podido avanzar en sus propósitos aprovechando una situación anómala. Por ejemplo, un estado de alarma actual que no parece estar sirviendo para nada.