La campaña de vacunación masiva en España parece que va alcanzando velocidad de crucero. A pesar de los vaivenes del Gobierno a la hora de fijar criterios sobre los calendarios y el uso de vacunas en determinados grupos de edad, las vacunas van siendo administradas a mejor ritmo. A pesar del Gobierno la población va inmunizándose.
El problema que llega es la expiración del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Si el desconcierto de la población ha sido enorme al tener que atender órdenes contradictorias y sin sentido que llegaban de distinto modo en las diferentes Comunidades Autónomas, que el estado de alarma decaiga es el remate a una forma de gestionar la pandemia caótica y chapucera. El Gobierno de España no ha sabido aunar esfuerzos ni atender las demandas de las distintas Administraciones.
Que sea un 10 por ciento de la población española la que se encuentra vacunada no garantiza que tengamos asegurada una evolución favorable de la pandemia. De hecho, no son pocas las poblaciones españolas las que sufren tasas de incidencia extraordinarias. Todo puede ir a peor si no se toman las medidas necesarias. Y la mala noticia es que el Gobierno de Sánchez, tras más de un año de pandemia, ha sido incapaz de legislar para que las Comunidades Autónomas pudieran gestionar de modo eficaz y seguro la crisis sanitaria en sus territorios.
Ni la Ley de Sanidad ni la de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud son suficientes para que los distintos Gobiernos puedan tomar decisiones sin que desde los juzgados vayan deshaciendo lo que se hace en las Administraciones. La situación es de excepcionalidad jurídica y constitucional y Pedro Sánchez deja a los pies de los caballos a los otros sin legislación. Hay que preguntarse se esto forma parte de una estrategia para que los Gobiernos autonómicos se encuentren con problemas y se tengan que postrar ante su cetro de forma humillante; o para que, finalmente, tengan que pedir arrodillados que se prorrogue el estado de alarma. De este Gobierno puede esperarse cualquier cosa.