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Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores y Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar. / EFE
En política exterior, cada cosa que sucede, suele ser contestación a algo previo o encuentra respuesta en la otra parte de forma inmediata. Y, ahora, con el Brexit dibujándose en el horizonte ya con trazo fino, cualquier movimiento que se realice con torpeza y sin tener en cuenta en qué cosiste cada problema está llamado a fracasar.
Es verdad que Boris Johnson está tratando el Brexit desde el populismo, es verdad que en Gibraltar votaron en contra de esa separación del resto de Europa y es verdad que el problema afecta a miles de trabajadores transfronterizos que viven en el campo gibraltareño y a cientos de empresas españolas que tienen sus domicilios fiscales y comerciales en el peñón (por cierto, haciendo uso de sus derechos comunitarios). Pero eso no puede ser motivo de pasos dados en falso por parte del Gobierno de España.
Desde que el ministro de Exteriores en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, visitó el peñón sin ton ni son, no se había vuelto a generar un problema de esas dimensiones. La ministra de Exteriores actual, Arancha González Laya, se reunió el pasado jueves con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. El Gobierno de España se sentaba de tú a tú con Picardo y provocó que, inmediatamente, Johnson anunciase una cuarentena obligatoria para todos los viajeros procedentes de España. Un desastre para el turismo español. De hecho, la tour operadora Tui cancelaba todos los vuelos con destino a España horas después. Y esto es de primero de política exterior. Si bien es cierto que González Laya se apresuró a decir que no se había tratado la soberanía de Gibraltar, la política internacional del Reino Unido tiene gran solera y no suele dar bandazos inesperados. Ha hecho lo que se esperaba. No se pueden buscar atajos cuando se trata de un problema tan antiguo, tan simbólico y tan mal entendido como este de Gibraltar.
De momento, el problema que ha generado la imposición de cuarentenas a los que lleguen al Reino Unido desde España nos costará cientos de millones de euros y hasta el 8 de agosto no se resolverá el asunto, salvo que se lleguen a acuerdos que rebajen las medidas adoptadas.
El problema de la soberanía de Gibraltar es viejo. En 1713 se firmaba el Tratado de Utrecht con el que se daba por terminado el conflicto por la sucesión del trono en España. Felipe V, el primer Borbón que llegaba a España, entre otras cosas, cedía la ciudad de Gibraltar a cambio de la retirada total del otro aspirante a la corona, el archiduque Carlos. Y, así, comenzaba uno de los problemas más simbólicos de las relaciones entre el Reino Unido y España. Sin embargo, para entender todo esto, en la ecuación no puede faltar Gibraltar y los gibraltareños.
Peter Caruana, el que fue ministro principal de Gibraltar, ya dejaba hace años, muy clara la postura más moderna y más sensata: los gibraltareños no quieren vivir de espaldas a España aunque eso no significa que tengan que formar parte del Estado español; y no puede seguir aplicándose la misma política que en el siglo XVIII; sería impensable intentar resolver problemas actuales de cualquier índole utilizando las pautas políticas de 300 años atrás. Por otra parte, Gibraltar no es propiedad del Reino Unido.
El caso es que en España siempre se ha tenido la sensación de agravio colectivo que no nos ha permitido pensar bien en Gibraltar que, al fin y al cabo, es un territorio de ultramar del Reino Unido que forma parte de la Unión Europea (no como parte del Reino Unido sino como territorio del que es responsable ese país) con una capacidad amplísima de autogobierno, parlamento propio y con todas las competencias transferidas salvo en defensa y política exterior; que fue un paraíso fiscal hace años aunque dejó de serlo hace años también; y que solo busca ingresar vía impuestos al mismo tiempo que permite a las empresas que operan desde allí crecer para poder generar riqueza y empleo. Gibraltar atesora una renta per cápita que se sitúa entre las tres primeras del mundo. Un territorio con 32.000 residentes que se mueven en 6,8 kilómetros cuadrados, parece ejemplar en ese sentido.
La famosa opacidad gibraltareña sobre asuntos fiscales es un mito. Existen, desde hace años, acuerdos de colaboración con países como Francia, Alemania o Estados Unidos, con el fin de intercambiar información de carácter fiscal. Los gibraltareños son conscientes de la importancia de su imagen internacional y, por ello, cuidadosísimos con todo lo que tenga que ver con asuntos de opacidad o similares. En Gibraltar se controla el número de empresas de algunos sectores concretos con el fin de poder regular y controlar los negocios que generan. Y el tipo impositivo es tan bajo como permite poder mantener intacto el cuidado social y democrático que ha de exigirse a un país moderno que está obligado a crear una sociedad mejor.
Fabián Picardo, el actual ministro principal de Gibraltar, sabe que el Brexit va a generar problemas de todo tipo. Pero también sabe que no se puede reducir el problema a ser colonia británica o ser parte del territorio español porque de lo que se trata es de respetar los derechos fundamentales de los gibraltareños y de todos los miles de personas que trabajan en el peñón y cruzan la frontera a diario. El objetivo es que se pueda trabajar, que se pueda seguir construyendo y no destruir bajo ningún concepto.
Gibraltar ha de buscar soluciones para que las empresas españolas que operan desde allí puedan seguir haciéndolo. Cualquier otra cosa sería malo para todas las partes. Al margen de torpezas del Gobierno español o de bravuconadas de Boris Johnson, no es de recibo que compañías que se implantaron en el peñón hace más de veinte años sufran las consecuencias de una decisión que, ni siquiera, los gibraltareños aceptaron en las urnas.
Es necesario una negociación y una solución que beneficie a todas las partes.