Pedro Sánchez está obligado a adoptar una postura clara frente al que es uno de los asuntos más sensibles que están, actualmente, sobre la mesa: la legislación laboral vigente en España.
Su alianza con Podemos le ha servido para gobernar, pero ese mismo pacto le obliga a realizar un equilibrio imposible que se encuentra entre la patronal y los sindicatos; los ciudadanos y los mercados; y de Madrid y Bruselas; algo que no deja satisfecho a ninguna de las partes.
Reina el desconcierto al escuchar a Yolanda Díaz cuando dice que la reforma laboral que hizo el PP será derogada. Y no es que cause confusión esa afirmación sino la contrariedad que muestra otra vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.
En cualquier caso, no parece que sea el mejor momento para experimentar con algo que resulta contrario a la postura de Bruselas y de, por supuesto, la patronal española. Demasiados parados y demasiadas personas inmersas en un ERTE (herramienta que introdujo el PP en esa reforma que se quiere derogar y que ha sido tabla de salvación para miles de empresarios y empleados en toda España) como para reducir una flexibilización laboral que puede representar la única salida posible a la situación en la que nos encontramos actualmente.
El presidente está obligado a decir con total claridad que la reforma laboral anterior no será derogada y que solo se modificará en parte si es necesario. Dejar las cosas claras es la única posibilidad de no generar equívocos.