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Efectos Filomena. / EFE
La Ley 17/2015, de nueve de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, dice en su preámbulo que se trata de “reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes [...]. Este sistema de protección civil se entiende como un instrumento de la seguridad pública, integrado en la política de Seguridad Nacional, sistema que facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas por la doctrina constitucional entre las Administraciones Públicas, a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales, al interconectar de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común”. Y hay que empezar a pensar seriamente en que, dadas las circunstancias, no ha servido de mucho todo el trabajo que se hizo para redactar esta ley puesto que el desastre está siendo considerable tras el paso de la borrasca Filomena por la península ibérica.
Han sido 20.000 kilómetros en las 800 carreteras afectadas; se han cerrado puertos de montaña, estaciones de tren, aeropuertos, estaciones de servicio; se han colapsado ciudades enteras en las que no han podido reanudarse las clases en colegios y universidades, en las que los suministros básicos siguen comprometidos a día de hoy, en las que los transportes públicos van retomando su actividad muy poco a poco. Filomena ha sido tan potente como la falta de eficacia de las Administraciones frente a este tipo de desastres.
Lo políticos, de nuevo, no han sabido prever lo que iba a suceder. Y esta vez han tenido información exacta. Las previsiones de los meteorólogos se han cumplido al milímetro. Ni se ha prevenido, ni se ha gestionado una vez ocurrido el desastre. Las pérdidas pueden ser extraordinarias y, así, la Comunidad Autónoma de Madrid y, posiblemente, Castilla La Mancha, pedirán que se declaren zonas catastróficas sus territorios. Por supuesto esto ya se traduce en bronca política puesto que el Gobierno central señala una dirección y los autonómicos, otra. Pero, mientras, los afectados siguen sin poder reaccionar y sin saber qué hacer.
Son, de momento, las compañías de seguro las que tendrán que enfrentar con decisión el asunto. La capacidad de gestión del conjunto de aseguradoras es enorme: en 2020 se produjeron 140 millones de siniestros y se abonó una suma cercana a los 50.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones. Eso supone que en España se atienden 15.000 siniestros a la hora.
Los ciudadanos ya están perdiendo gran parte de su confianza en este Gobierno y no puede perderla en sus compañías aseguradoras, que se convierten, ahora, en la cara visible de la iniciativa privada española; por ello, esas empresas están obligadas a leer bien los siniestros para entender la problemática única en cada caso, para poder atender a sus clientes de forma rápida, excelente y justa. Miles de familias y empresas necesitan la ayuda de un sector que, esperemos, afrontará esta crisis con la profesionalidad de siempre.