Tras conocerse la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma por el caso Nóos, la primera pregunta que hay que realizar es si el Estado de derecho funciona tal y como afirman hoy algunos medios de comunicación o los políticos.
Las lecturas obligadas por las circunstancias son dos. Por un lado, podría parecer que la maquinaria de ese Estado de derecho está perfectamente engrasada y hace imposible que nadie esté por encima de la ley. Ley para todos y en igualdad de condiciones. Pero, por otra parte, llegar a situaciones como la que estamos viviendo, estar contemplando el espectáculo que supone que cientos de personas sean juzgadas por delitos de corrupción, hace pensar que, hasta no hace mucho, ese Estado de derecho no terminaba de funcionar, al menos, en la zona de control obligada en un país moderno. Y que no parece haber cambiado nada por lo que podría volver a suceder algo similar. Si bien es cierto que algunos nombres, que antes representaban poderes políticos y económicos de gran peso, se encuentran ahora en las listas de presos de las distintas cárceles españolas; hay que preguntarse qué falla en el sistema para que se llegue hasta aquí.
La Infanta Cristina ha sido absuelta, como ya era de esperar, a la vista de la petición del fiscal y de los informes del abogado del Estado y del ministerio de Hacienda. También era esperada la sanción económica impuesta por la Audiencia Provincial de Palma que, por cierto, es menor que la cantidad depositada por la Infanta en su momento en concepto de fianza. Esto quiere decir que la diferencia tendrá que ser devuelta.
Por su parte, Iñaki Urdangarin ha sido condenado a seis años y tres de meses de prisión. Los delitos por los que se le condenan son la prevaricación, falsedad, fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y delitos contra la Hacienda pública. En definitiva, un cúmulo de delitos que provocan sonrojo. Falta saber si se solicitará el ingreso inmediato en prisión de Urdangarin. Según los especialistas, con la ley en la mano es muy posible que esa petición por parte del fiscal se produzca y que, efectivamente, tenga que ingresar sin demora alguna. No hay que olvidar que Urdangarin y la Infanta tienen fijada su residencia en Suiza y esa es una de las razones que invitan a pensar que el fiscal procederá con rapidez.
Dicho esto, hay que reconocer que la justicia, habiendo sentado a un miembro de la familia real en el banquillo, ha dejado claro que todos los españoles estamos obligados a cumplir la ley, que no existen excepciones. Al menos, eso parece y eso quiere pensar la mayor parte de la población. Con esta sentencia se disipan muchas dudas que planeaban sobre la opinión pública en ese sentido.
Aunque sentencias como la de la Audiencia Provincial de Palma arrojan una luz de esperanza que alumbra el futuro, queda mucho por hacer respecto a la corrupción en España. Negar, tal y como hacen algunos políticos, que la corrupción es cosa del presente y que, por el contrario, es cosa de un pasado que ya no toca a nadie, es un error. La corrupción no está erradicada por completo y se dibuja como un mal sistémico que hay que continuar persiguiendo.