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Isabel Celaá. / EFE
Una vez más, un Gobierno de España logrará que se apruebe una Ley de Educación sin que haya consenso, sin que la mitad de los españoles no tenga razones para llevarse las manos a la cabeza con desesperación. Tras más de 40 años de democracia, ningún Gobierno ha logrado olvidar ideologías o cualquier otro tipo de diferencias para redactar una ley tan esencial como es la de Educación. El resultado, lógicamente, consiste en una preparación muy discutible, muy escasa, de los estudiantes de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato; el resultado es un fracaso escolar escandaloso y un nivel en la repetición de los cursos a causa de los malos resultados que parece desproporcionado. El desencanto entre los que forman la comunidad educativa es absoluto. Son demasiados años utilizando la educación de nuestros niños y jóvenes para ganar un puñado de votos.
Llega la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), la que será conocida como ley Celaá. Entre protestas, entre enfrentamientos políticos durísimos y acompañada de una amenaza que ya ha lanzado el líder del PP, Pablo Casado. Ha dicho que esta ley va a durar hasta que él llegue a Moncloa. Si eso se produjera, estaríamos, de nuevo, en la línea de salida. Parece un problema eterno.
Esta ley es el producto de pactos con nacionalistas, independentistas y partidos pequeños, puesto que de otro modo no le salían las cuentas parlamentarias a Pedro Sánchez. Y eso, en sí mismo, es una noticia fatal puesto que indica que las cesiones han tenido que ser, necesariamente, abundantes y de importancia.
La importancia del castellano en entredicho, la educación especial en peligro según los padres afectados que no ven clara la nueva norma, poder obtener títulos habiendo suspendido o un control mucho más rígido de la enseñanza concertada, son los ejes sobre los que perdurará la discusión hasta que un nuevo Gobierno nos lleve a ese lugar en el que la política ordena las cosas sin tener en cuenta que está en juego el futuro de los niños y jóvenes españoles.
No puede ser que la educación sea moneda de cambio política, no puede ser que el horizonte se coloque en los cuatro años que dura un Gobierno en asuntos de esta importancia.
La Ley Celaá llega en mal momento (la pandemia sigue su curso) y llega en malas condiciones (sin consenso no habrá paz dentro de la comunidad educativa nunca jamás). Otra vez el mismo error. Y, mientras, los niveles académicos de nuestros jóvenes, por los suelos.