Comienza a ser habitual, especialmente durante las últimas fechas, que locales relacionados con el ocio nocturno sevillano sean inspeccionados y clausurados sobre la marcha al comprobar la policía local que no se cumple con las medidas de seguridad obligatorias. Y parece que la actividad para inspeccionar estas actividades y los locales que las acogen se multiplica de un tiempo a esta parte.
Pero es poco edificante comprobar que ha sido necesario que ocurriese una tragedia en otra ciudad para que se persigan la falta de garantías en materia de seguridad o cualquier otro factor que altere lo que debería ser normal en las noches de ocio de ciudades como Sevilla. Esas medida de seguridad tratan de evitar catástrofes que afecten a, nada más y nada menos, la vida de las personas. Además, no parece que las sanciones sean suficientemente contundentes como para que los propietarios de los locales dedicados al ocio nocturno se tomen en serio lo que tienen entre manos. Que en pleno 2023 haya que clausurar una discoteca en el Polígono Store de Sevilla capital por tener bloqueadas las salidas de emergencia o destinadas a un uso inapropiado, que se encuentren dentro de ese local alrededor de 1.600 personas y que sea preciso evacuarlas, parece imposible. Pero no lo es. La frivolidad de aquellos que ponen en peligro la vida de las personas a cambio de unos ingresos (que tendrían del mismo modo si cumplieran con la normativa) es aterradora y debe ser perseguida con contundencia.
Los jóvenes que acuden a estos establecimientos y se encuentran con esta situación, pierden el dinero que han invertido y eso ya es un inconveniente. Pero lo peor es que pueden perder la vida o vivir un incidente que se puede y debe evitar.
No se puede esperar a que se produzcan siniestros para hacer las cosas mejor y con más frecuencia. No se puede sancionar con cierres casi simbólicos o cantidades ridículas acciones tan temerarias como es acumular más personas de lo debido en un establecimiento, la venta de alcohol a menores o una irregular aplicación de la normativa sobre seguridad. Y esto deben tenerlo claro las Administraciones públicas (incluido el Ayuntamiento de Sevilla, por supuesto) ya que una de sus misiones es que las ciudades sean tan seguras como sea posible.
