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Irene Montero, ministra de Igualdad. / EFE
En España, todas las mujeres pueden interrumpir un embarazo no deseado durante las primeras catorce semanas de gestación. Todas salvo las que tengan menos de 18 años de edad. El año 2005 se modificó la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, para que las jóvenes que tuvieran entre 16 y 18 años tuvieran la obligación de conseguir el consentimiento paterno para poder abortar. Ahora, el Gobierno de Sánchez plantea hacer desaparecer esa exigencia y que las jóvenes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin ser necesaria la intervención de los padres y madres.
El asunto es especialmente espinoso. Afecta a un número bajísimo de jóvenes (9 por ciento de las que abortan con esa edad lo quieren hacer al margen de sus padres), pero genera gran debate y gran inquietud. Por ello, este es un asunto que debe resolverse desde el consenso y tan lejos del sectarismo como sea posible.
Hay quien defiende que si con esa edad pueden ser madres o pueden casarse por decisión propia también deberían poder tomar la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. Pero la postura contraría defiende que con 16 años una persona no está suficientemente formada, ni tiene la experiencia necesaria, para tomar decisiones que pueden afectar a su propia vida en caso de complicaciones. A este sector de la población les parece asombroso que sea necesaria una firma de autorización para hacer una excursión con el colegio y se esté planteando que no lo sea en caso de abortar. Por supuesto, se mezclan ideas religiosas, éticas y morales para que el problema se convierta en algo voluminoso y de difícil solución.
Es evidente que es necesaria una ley que ampare a las mujeres en su totalidad ante una tragedia como es el aborto. Esta es una experiencia traumática para todas las mujeres que la sufren. Y es necesaria que esa ley ampare a los sanitarios que acompañan a las mujeres en ese momento tan duro. Pero la seguridad de los menores es sagrada y cualquier cosa que se acepte o se rechace en nombre de los menores ha de estar por encima de las ideologías.
Es posible que una pedagogía intensiva y campañas informativas para jóvenes, padres y madres, sobre lo que es el aborto y lo que representa, sean muy saludables y una posible forma de evitar situaciones extremas. Lo que parece contradictorio es que se trate de defender al menor hasta límites a veces incomprensibles y en este caso se tenga que poner de perfil la mitad de la población aludiendo a la libertad de las mujeres y a la igualdad entre ellas. Imponer este tipo de criterios, como intenta hacer la ministra Montero, es un error garrafal.