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Carlos Lesmes y el Rey Felipe VI. / EFE
La política actual no busca la gestión y la solución de problemas; la política actual busca el mejor titular y, sobre todo, el mensaje viral en redes. Por supuesto, son los políticos los responsables de semejante desastre. Su talla, tanto intelectual como política, es muy escasa; frustrante para los ciudadanos y verdaderamente preocupante para el futuro de los españoles. En definitiva, esa nueva política que iba a cambiar las cosas, que iba a poner en funcionamiento la maquinaria de la política decente, poderosa y necesaria, se ha quedado en nada. Y l vieja política ya había dado muestras de decadencia absoluta. Por tanto, la política española es estéril y preocupante.
Si una situación, que genera dudas y enorme preocupación en buena parte de la población española, se recarga con actitudes irrespetuosas con las instituciones, con divisiones dentro de un Gobierno que parece resquebrajarse cada día que pasa y un falta de ideas y de eficacia en la gestión que provoca enorme desazón; todo parece que está fuera de control y que depende de lo que el presidente está dispuesto a ceder negociando con socios independentistas, nacionalistas, amigos de la violencia de ETA o políticos que demuestran su falta de experiencia, de criterio y de profesionalidad.
Tanto el ministro de Consumo, Alberto Garzón, como el vicepresidente segundo del Gobierno de España, parecen ir a lo suyo y al margen de lo que el presidente Sánchez dice que piensa. Eso parece.
La entrega de despachos a los nuevos jueces celebrada este viernes pasado en Barcelona ha sido motivo de escándalo político. Pablo Iglesias, ha afirmado que «respeto institucional significa neutralidad política de la Jefatura del Estado» y, por su parte, Alberto Garzón, ha acusado a la monarquía de «maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido». La llamada del Rey Felipe VI al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para comunicarle que le «hubiese gustado» estar en el acto ha sido el detonante de las protestas de Iglesias y Garzón.
Algo tan grave como el ataque al Jefe de Estado no puede quedar sin consecuencias políticas y Pedro Sánchez está obligado a poner las cosas en orden. Sería inexplicable si no se hiciera pública la posición del Gobierno al respecto. Solo se entendería el silencio si, en realidad, la postura del presidente es la misma que la de estos dos ministros.
Pedro Sánchez no puede seguir agarrado al sillón de su despacho a cualquier precio porque el futuro de los españoles está muy por encima de sus intereses personales.