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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias durante la presentación del borrador de los PGE. / EFE
El Gobierno de Coalición ya tiene un borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una vez que se envíe el Anteproyecto al Congreso de los Diputados, se calcula que la primera votación para su aprobación en el pleno será la semana del 11 y 12 de noviembre. Habrá que esperar a que los apoyos sean suficientes. De momento, el contenido de estos PGE hacen pensar que Arrimadas tendrá que decir que no puesto que, entre otras cosas, este borrador tiene un claro fondo ideológico contrario a lo que defienden en Cs. Tanto Sánchez como Iglesias parecen querer dejar claro que el neoliberalismo ya no está y que son ellos los que se encuentran al frente de la nave. Fuera ajustes, fuera austeridad. Estos son los conocidos como presupuestos expansivos. No deja de sorprender que, ante algo así, sepamos al mismo tiempo que, según el Banco Mundial, España sea el país desarrollado que menos gasta en luchar contra la pandemia solo aventajado por Corea del Sur.
Si bien la subida de impuestos que se pactó para alcanzar el acuerdo de Gobierno se ha reducido, esta sigue siendo importante. Las rentas por encima de los 200.000 euros son las que soportarán mayor presión fiscal; las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) soportarán una tributación mínima del 15 por ciento, las desgravaciones en los planes de pensiones privados serán menores y algunos impuestos (que afectan a la gran parte de los españoles) se elevarán bastante. Por ejemplo, el diesel tiene grandes opciones de ser uno de los protagonistas que dispensen una vida más apretada. Este o el incremento del IVA en algunos productos, si afectan al grueso de la población española. Sin embargo, si sumamos la subida a las rentas del capital y el aumento en el IRPF (rentas superiores a los 200.000 euros), el número de afectados asciende a 36.200.
La gran reforma fiscal se aplaza hasta que las cosas de la economía mejoren. Pero el salario de los funcionarios y las pensiones aumentarán con el IPC (salvo las pensiones contributivas que lo harán el doble).
La inversión pública se elevará hasta los 239.765 millones de euros y será la educación, el I+D+i, la industria y la energía, los que más incremento sumen en sus partidas. Como prioridad, además, el Gobierno destinará 3.064 millones de euros más a la Sanidad pública española.
Ideología, un gasto desorbitado y, aunque lo quieran disimular o llamar con cualquier eufemismo, una fuerte carga impositiva colocada sobre las clases medias. Como siempre fue y como siempre será. Estos presupuestos no han sido bien recibidos, ni siquiera, dentro del ejecutivo. Una subida de impuestos estando las cosas como están no es el mejor de los planes. Y en eso se basan estos que se han presentado.