"La publicidad de pisos turísticos ilegales es una práctica comercial desleal y podría ser perseguida y sancionada"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Madrid, 1983), ha impartido este viernes un curso de la mano de CCOO-Andalucía en la sede de Carmona de la Universidad Pablo de Olavide. Bustinduy recala en la capital hispalense en la antesala de su visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el próximo 15 de julio, donde abordará los avances españoles en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asociados a la Agenda 2030, competencias que recaen en un Ministerio estratégico para la formación a la que pertenece, Sumar.

Sobre el parón que ha supuesto para la agenda social no contar con presupuestos este año, habla largo y tendido en esta entrevista con El Correo de Andalucía, en la que se muestra convencido de que la mejor manera que tiene Sumar de "resintonizar" con su electorado, tras el batacazo de las europeas del 9 de junio, pasa por "desplegar" las medidas sociales, que en gran parte recaen en su departamento.

PREGUNTA. Viene de impartir un curso sobre Nuevas expresiones de precariedad y su impacto social y político, ¿cree que su propuesta de prestación universal por crianza combatirá esas nuevas formas de precariedad?

RESPUESTA. Sí, es una medida que planteamos para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Es inaceptable que un tercio de los niños, niñas y adolescentes en España estén en riesgo de exclusión social y de pobreza. Se calcula que en Andalucía hasta 450.000 niños, niñas y adolescentes están en esa situación.

La evidencia científica dice que una prestación de esta naturaleza, de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 18 años de edad, podría reducir la pobreza infantil de manera inmediata en España en un 50%. Por tanto, es una medida eficaz y contrastada. Diecisiete países en Europa disponen de una prestación de este tipo. Desde el Ministerio creemos que debería ser absolutamente prioritario en la negociación de estos presupuestos.

Una prestación de esta naturaleza, de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los 18 años de edad, podría reducir la pobreza infantil de manera inmediata en España en un 50%

Pablo Bustinduy

— ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

P. La Junta de Andalucía ha denunciado que el nuevo sistema de tarjetas monedero deja fuera a cientos de miles de personas, ¿por qué está siendo tan complicado su puesta en marcha?

R. El programa de tarjetas monedero es un programa financiado con fondos europeos, que fue acordado por unanimidad por todas las comunidades autónomas. Consiste en un cambio de modelo en la provisión de asistencia material básica. Las familias vulnerables que participan de este programa, en lugar de asistir a una cola para recibir una bolsa con alimentos, van a recibir unas tarjetas para poder hacer la compra con toda normalidad como todas las familias y con mayor dignidad.

Es normal que un cambio de modelo de esta magnitud plantee desafíos. La actitud del Ministerio siempre ha sido de absoluta cooperación y de ponerse a disposición de las comunidades autónomas para resolver todas las dificultades asociadas a este proceso.

P. ¿Estará a pleno rendimiento en enero de 2025 como ha asegurado en distintos foros?

R. A día de hoy ya hay ocho comunidades autónomas y ciudades autónomas que están trabajando y está funcionando bien. Tengo entendido que la Junta de Andalucía, como el resto de comunidades, empezarán a hacerlo de manera inminente.

Respecto a las informaciones que han surgido en estos meses sobre quién quedaba fuera del programa, o por qué no se amplía, reitero que estas son condiciones que venían definidas desde el principio. Cuando he podido hablar tanto con la Consejería de la Junta, como con el resto de comunidades autónomas, he hecho un llamamiento siempre a no convertir este tema en un objeto de disputa política. Creo que sería difícilmente comprensible por parte de las familias más vulnerables de nuestro país que, en un tema como este, hubiera quien intentara rivalizar o polemizar.

P. Continuando con políticas contra la exclusión social y la pobreza, el Ministerio rubricó en la un protocolo con los Ayuntamientos de Lepe y Moguer, en Huelva, para acabar con los asentamientos chabolistas. ¿Habrá acuerdo Junta y Gobierno para acabar con ellos?

R. Es algo que está en curso, y que depende de una colaboración estrecha con la Junta de Andalucía, que es quien tiene competencias en esta materia. Lo que se intentó entonces fue dar impulso a estas iniciativas. Yo espero que, con la ampliación de estas actuaciones, podamos conseguir el objetivo que es que, en España, la cuarta economía de la zona Euro, no deberíamos ver situaciones como esta en el año 2024, no deberíamos tolerar consentir o normalizar que haya personas trabajando en nuestro país y que viven en esas condiciones.

P. Respecto a la reforma de la Ley de la Dependencia. Andalucía es la segunda comunidad con las listas de espera más saturadas del país, ¿se cambiará en el sistema de financiación como ha pedido el Gobierno andaluz?

R. En la legislatura pasada, la financiación al sistema de la dependencia aumentó en un 150%. En el caso de Andalucía, la financiación desde 2020 por parte del gobierno central ha aumentado un 167%. ¿Cuál es el problema? En la década pasada, con las políticas de austeridad y los recortes, se desmanteló prácticamente el sistema de la dependencia.

En la década pasada, con las políticas de austeridad y los recortes, se desmanteló prácticamente el sistema de la dependencia

Pablo Bustinduy

— ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Nosotros tenemos el compromiso recogido en el acuerdo de gobierno de mantener esa escena de incremento del gasto en dependencia. Un problema que hemos tenido este año es que no ha habido Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, el presupuesto del que disponemos es el mismo que el año pasado.

P. Las federaciones de mayores abogan por un Pacto de Estado en este ámbito, ¿considera usted que es necesario?

R. Esto no entiende de izquierda o de derecha, ni de norte o de sur. Creo que es un mandato social que todos los actores políticos e institucionales deben recoger. Evidentemente, tenemos que hacer un acuerdo como país que implica a todas las fuerzas políticas, que implique a todos los gobiernos autonómicos, para comprometernos con que haya un sistema público de calidad, suficientemente financiado y centrado en las necesidades de los usuarios y no en lógicas de interés privado o de especulación económica.  

P. Como ministro de Consumo, acaba de impulsar una investigación de la publicidad de los pisos turísticos ilegales, ¿se puede sancionar a las plataformas por anunciar pisos sin licencia desde Consumo? 

R. La premisa es bien clara: esa actividad no es lícita y, por tanto, su publicidad en plataformas tampoco debe serlo. Esta semana, además, nos hemos dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias para proponer a todas las ciudades españolas que así lo deseen, que se sumen a esta investigación.

La facultad del Ministerio de Consumo incluye la posibilidad de restringir actividades que no sean acordes con nuestra normativa. La publicidad de viviendas que no dispongan de licencia para ese uso es una práctica comercial desleal según la Ley General de Consumidores y Usuarios y, por tanto, podría ser perseguida y sancionada. La investigación que tenemos en curso es la que se corresponde con nuestras competencias. Hay que hacer mucho más desde el resto de niveles de la administración, y desde el resto de competencias que tienen los distintos actores institucionales.

P. Por último, centrándonos ya en la actualidad política de Sumar, ¿cómo percibe el momento de cambio de la formación tras la marcha de Yolanda Díaz y la propuesta de una dirección temporal colegiada?

R. Es evidente que hemos tenido una serie de malos resultados electorales. Lo que sucedió a continuación es algo que siempre se le pide que hagan a los políticos y que rara vez hacen, que es que Yolanda Díaz asumió en primera persona la responsabilidad política por esos resultados y dio un paso atrás en la dirección política del espacio.

Lograr que despegue la agenda social es la mejor forma de que una parte del electorado, que nos apoyó hace apenas un año, y que ha dejado de hacerlo en estas elecciones europeas, resintonice con la acción política que defendemos

Pablo Bustinduy

— ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030

Uno de los objetivos de Sumar en el Gobierno es que despegue, de una vez y de forma decidida, la agenda social, que ha estado paralizada por una sucesión de elecciones constantes, por la dificultad también de las mayorías parlamentarias, y por el hecho de que no salieran los presupuestos. Además, estamos convencidos de que esa es la mejor manera de que una parte del electorado que nos apoyó hace apenas un año, y que ha dejado de hacerlo en estas elecciones europeas, resintonice con la acción política que defendemos.