La Fiscalía Anticorrupción investigará los contratos del SAS que denunció el PSOE

La Fiscalía Anticorrupción será la encargada de investigar la denuncia del PSOE andaluz por un presunto caso de prevaricación administrativa en la adjudicación de 300 millones de euros desde el Servicio Andaluz de Salud. Estos contratos, de 2021 a 2023, se dieron a dedo y con la misma vía exprés que se arbitró durante la pandemia del covid. Según ha avanzado la SER, será Anticorrupción quien asuma esta investigación después de que el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla abriera diligencias. Fuentes jurídicas aclaran que no es incompatible con que en un futuro se amplíe la investigación a un presunto delito de malversación, como también denunciaron los socialistas.

Una vez que la denuncia del PSOE fue admitida a trámite y el juzgado abrió diligencias, los socialistas han sido llamados a personarse como acusación popular y han pagado 5.000 euros de fianza, a requerimiento del juzgado.

Informes de la Intervención

Tal y como han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la denuncia presentada a este respecto por el PSOE-A, tiene ya por personado a este partido político como acusación popular tras haber abonado el pago de la fianza requerida por el Juzgado. Por parte de Fiscalía, será la Fiscalía Anticorrupción la que actúe en este procedimiento. En el auto de incoación de diligencias previas, que fueron incoadas por un presunto delito de prevaricación administrativa, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa, el juez solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial.

Desde el Gobierno andaluz siempre han defendido la legalidad de los procedimientos administrativos utilizados para adjudicar los contratos de la Consejería de Salud. La Intervención General de la Junta ha emitido varios informes asegurando que ese procedimiento "prescindía total y absolutamente" de la legalidad establecida. La justicia ha requerido todos los informes de la Intervención.

300 millones de euros

El PSOE comenzó denunciando que, pese a que la pandemia había finalizado, el Servicio Andaluz de Salud continuó prorrogando los contratos por emergencia, sin concurso público. Eso eludía los controles y no daba lugar a la concurrencia competitiva. Apuntó a unos 300 millones de euros desde 2021 a 2023 desde los servicios centrales del SAS. El Gobierno andaluz defendió que eran contratos exprés para intentar reducir las listas de espera.

La Intervención General de la Junta ha alertado de numerosas irregularidades en esos contratos sanitarios efectuados durante la pandemia de Covid. Los interventores de la Junta de Andalucía no han limitado sus reproches a los contratos de la pandemia. El "Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021" señala que se siguieran usando esos contratos de emergencia sin "justificación alguna" y remarca que deberían haberse hecho "con arreglo a la tramitación ordinaria". Alertan los interventores de un "mal uso o abuso" del sistema de contratación de emergencia. Ese tipo de contratos se extendió hasta junio de 2023, pese a que el marco legal habilitado para la pandemia se había derogado en 2021.

Hasta 2023

Estos contratos se mantuvieron en el tiempo y no fue hasta junio de 2023 cuando expiró la cuarta y última prórroga de este tipo de contrataciones.

La Intervención General de la Junta alertó a la Consejería de Salud y Consumo de que se había "prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido" en siete de cada diez contratos realizados por tramitación de urgencia desde los servicios provinciales en el año 2021. Los interventores aseguran en los ocho informes definitivos de control interno que se ha hecho "un mal uso de la figura jurídica de la tramitación de emergencia".

Los informes provinciales, a los que tuvo acceso El Correo de Andalucía, que analizan 403 contratos, revelan que en el 71% de los analizados por los interventores del SAS en la ocho provincias se hace un uso indebido de este tipo de contratos. Durante 2.298 páginas, emitidas y elevadas de forma definitiva en la primera mitad de 2024, los interventores de las ocho provincias declaran como "desfavorable" el comportamiento de la Consejería a la hora de contratar en el año 2021.

La Junta defiende la legalidad

La Junta de Andalucía siempre ha defendido que "todos los contratos se han sometido a los controles de la legalidad", alegando que es el órgano que contrata, en este caso el SAS, el que fija la emergencia y negando con rotundidad que se incumpla la ley de contratos públicos. "Nosotros en su momento estábamos preocupados por salvar vidas", ha defendido hasta ahora el Gobierno de Moreno.