El PSOE pide al juez que reclame los contratos del SAS desde 2015, con Susana Díaz en la Junta

La Fiscalía Anticorrupción será la encargada de investigar la denuncia del PSOE contra la adjudicación a dedo de 242 millones de euros por parte del Servicio Andaluz de Salud desde 2020 a 2023, prorrogando el procedimiento excepcional de emergencia que se arbitró durante la pandemia de covid. La denuncia de los socialistas, 64 folios, registrada por el PSOE en junio de 2024, ampliada en julio y convertida en querella el pasado octubre, se admitió a trámite en el Juzgado de Instrucción número 13, que investiga, de momento, un caso de prevaricación y aparca la malversación.

En la demanda, los socialistas piden una montaña de documentación y de testimonios. Todos los funcionarios y empleados públicos que hayan intervenido, los autores de los informes jurídicos, los interventores de la Junta… Como investigados, los gerentes del SAS. Reclaman que se requiera al Servicio Andaluz de Salud todos los contratos con empresas privadas desde 2015 hasta la actualidad. También todos los informes de control de la Intervención de la Junta desde esa misma fecha hasta la actualidad. Ese año de partida todavía gobernaba el PSOE en la Junta y Susana Díaz era presidenta.

Los peritos del Ministerio

Solicitan que sean los peritos de la Intervención General del Estado quienes analicen todos y cada uno de los contratos de emergencia bajo sospecha. Y que entren “investigadores especializados en casos de corrupción” y aluden a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

¿Les suena? Quien conociera de cerca el caso de los ERE, que asedió al PSOE y acabó condenando a la cúpula de su gobierno, verá el paralelismo evidente en la construcción del caso que entonces corrió a cargo del PP como acusación popular y de la juez Mercedes Alaya. El informe de los peritos de la IGAE, funcionarios de élite del Ministerio de Hacienda, fue clave para que el caso ERE cogiera vuelo. El armazón estuvo ahí y en los interventores de la Junta. Entonces era "la partida 31L" y hoy el "expediente 110".

"¿Doble rasero?"

“¿Habrá doble rasero?”, se preguntan quienes han armado el caso. En los ERE hubo un ‘chófer de la coca’, adjudicaciones en bares de copas con un post it, intrusos en las pólizas, afines al PSOE beneficiados… Un fraude más que constatado. Es incomparable, nada de eso existe aquí pero sí se apunta en la denuncia a un sistema paralelo para adjudicar fondos públicos, una vía exprés sin control de fiscalización previo, que se salta el procedimiento establecido y ordinario alegando mayor eficacia. El PSOE habló de la necesidad de ayudar a los prejubilados de Andalucía en un momento de grave crisis económica. El PP apunta a la emergencia y necesidad de agilizar contratos por la pandemia.

En esta ocasión es un juez sustituto, desconocido entre muchos compañeros, Francisco Javier Santamaría Leo, que se incorporó al juzgado número 13 el pasado mes de marzo procedente de Algeciras, quien instruye la causa. La fiscal Anticorrupción es María José Sánchez, que se integró como refuerzo frente a las macrocausas en los juzgados sevillanos en 2017. Queda esperar para ver si archivan, como asegura el Gobierno de Juan Manuel Moreno que ocurrirá, o siguen adelante con la investigación. De momento se han solicitado los informes de la Intervención de la Junta y del Tribunal de Cuentas, que acaba de dar carpetazo a su investigación por “corrupción”.

El abogado elegido por el grupo parlamentario socialista, son 30 diputados los que promueven la denuncia, es Alfonso Martínez del Hoyo, que se ha encargado de los casos del PSOE andaluz desde tiempos de Manuel Chaves. A él lo defendió en el caso de espionaje de las cajas de ahorros, y a quien fuera número dos del partido, Luis Pizarro, en la demanda que le pusiera Javier Arenas por llamarlo "matón de discoteca". Ha sido también el abogado del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, que tuvo la mayor de las condenas en el caso de los ERE. Este letrado histórico se integró en el bufete Constitución 23, que ha estado presente en todas las macrocausas que se han instruido en los últimos años en Andalucía, desde los ERE a Invercaria, el caso Avales de la Agencia Idea, Invercaria, la Faffe o Isofotón.

¿Por qué mirar a 2015?

En la demanda, prolija en sus argumentos, se explica por qué se considera que hay menoscabo de fondos públicos en la contratación de emergencia acudiendo a multitud de ejemplos. Se apunta que esas adjudicaciones a dedo supusieron un incremento de los precios del 10%. "Cuando se aplica la Ley de Contratos del Sector Público y las empresas compiten entre ellas, la baja media sobre los precios de partida es siempre, como mínimo, del 10%", sostiene la querella. El 10% de 242 millones arrojan un presunto menoscabo de “más de 24 millones de euros”.

El cálculo suena a la cuenta de la vieja, diría la expresión popular, porque siempre haciendo cábalas se puede llegar a lo que se quiera. En la demanda, se apunta a casos concretos. Por eso se pide mirar a 2015. Para acreditar el presunto daño causado al erario público y el perjuicio de haber contratado sin negociar precios.

Una histerectomia vaginal adjudicada en centros sanitarios de la provincia de Málaga, licitada en 1.532,35 euros, al abrirse la puja se adjudica en 1.378 euros en 2015 y se pagó por contratos de emergencias 1.743,40 euros. En Almería, en 2015 un procedimiento que sale a concurso en 683 euros, se adjudica por 601 y se paga con contrato a dedo 789,90 euros. El muestreo es variado y en varias provincias. Lo que se licita en 1.067 euros, se oferta y adjudica en 960,45 en 2015 y con contratos de emergencia se paga 2.890,71. Una “estabilización de rótula” se licita en 1.067 euros, se adjudica en 960,5 en 2015 y se paga a dedo 2.890.

El catálogo es amplio. También se compara con lo que ocurrió después de que se suspendieran los contratos de emergencia. Cuando en 2024 las empresas vuelven a competir entre sí, un contrato en Sevilla que se ofertó en 38,2 millones de euros se adjudicó por concurso en 31,6 millones. “Sólo en ese contrato, fomentándose la concurrencia y la competencia, el SAS pagará 3,8 millones de euros menos que si se hubiera tramitado por emergencia”, sostiene la denuncia.

Gestión "intachable"

Desde el Gobierno andaluz insisten en que no hay ni irregularidades ni ilegalidades. La gestión es “intachable”. Aseguran fuentes de la Junta que la orden de precios que estaba en vigor era de 1998 y que hay procedimientos que “incluso se abaratan” en los contratos de emergencia. No dan más datos pero será una de los argumentos que aporte el SAS cuando llegado el momento el juez pida la personación de la Junta. Mientras, bucean en una gestión socialista que dejan claro que tiene todavía muchos cadáveres en los armarios de San Telmo. Así se arman frente al ataque.

Fue en mayo de 2023 cuando se adjudican contratos de emergencia por última vez, según se conoce hasta la fecha. En marzo, El Diario.es desvela algunos de los hechos que sustentan la denuncia del PSOE, apuntando que se habían adjudicado 117 millones a clínicas privadas con contratos Covid ya derogados y al día siguiente revela que son en total 234 millones de euros. Tras conocerse esta práctica, en 24 horas el entonces portavoz del Gobierno, Ramón Fernández Pacheco, anuncia el cese de esos contratos de emergencia. La finalización es el 17 de mayo.

¿Por qué nadie denunció?

¿Por qué ninguna otra empresa denunció si durante tres años se estuvo haciendo una concesión arbitraria a dedo? Es una de las preguntas que cabe hacerse. Repasando las adjudicaciones, no hay ni una sola gran empresa sanitaria que se quede fuera del reparto de la tarta. Todas salen beneficiadas por esos contratos a dedo. El PSOE no apunta a nadie por encima de los gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas. El primero fue al que se le impidió fichar por Asisa tras salir de la Consejería de Salud por incumplir la ley de incompatibilidades. “Prudencialmente”, el PSOE prefiere no apuntar más arriba. De momento.

En junio de 2021, la Consejería de Hacienda ya emitió una instrucción clara para que cesaran los contratos de emergencia y se volviera al procedimiento ordinario. Pese al aviso, destaca la querella que investiga Anticorrupción, con “impunidad” se siguió usando esa vía de contratación paralela, un atajo reservado a momentos como una pandemia de Covid o una DANA como la que azota Valencia.