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Foto de archivo de una protesta en Sevilla contra los «abusos bancarios» y las «estafas». / Juan Ferreras (Efe)
Aunque el Gobierno andaluz asegura que «no hay otra comunidad autónoma que esté poniendo sanciones tan altas», admite que las multas a los bancos por incluir cláusulas abusivas en los contratos de sus clientes durante 2017 son bajas y que, gracias a la nueva normativa andaluza, serán más duras en 2018.
En concreto, durante el pasado año el número de procedimientos sancionadores resueltos por el área de Consumo de la Consejería de Salud de la Junta fue de 14 y las multas impuestas: 2.334.503 euros. Unos datos que se antojan cortos dado que sólo el juzgado de Sevilla que se especializó en cláusulas suelo recibió el pasado año 8.900 demandas.
En el sector de la vivienda también se resolvieron dos expedientes que se cerraron con sanción por incluir en los contratos cláusulas abusivas, por lo que la Junta ingresó 22.001 euros, según la información de la Consejería. Unas cuantías que, para las organizaciones de consumidores, son «ridículas»
No obstante, Pablo Blanco, jefe del Servicio de Inspección de Consumo de la Junta, adelantó a esta redacción que este año las cuantías de las sanciones serán más altas, ya que se aplicará la nueva Ley de Consumo de 2016. Según explicó Blanco, los expedientes resueltos en 2017 se acogieron a la anterior legislación –con sanciones más bajas–, pero a partir de ahora se aplicará otro baremo. En concreto, las sanciones graves pasan de multas con una horquilla de entre 5.001 a 30.000 euros a entre 5.001 a 60.001 euros, mientras que las multas muy graves pasan de hasta 400.000 a un millón de euros.
«Los hechos se han valorado con el marco normativo anterior, así que por eso las cuantías son más bajas. Ahora las multas serán más adecuadas y más elevadas». «Siempre habrá opiniones de que no es suficiente, es lógico, pero hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y no hay otra comunidad autónoma que esté poniendo multas de estas cuantías», defiende Blanco, que resaltó la progresión importante en número de sanciones desde 2015. Según los datos de la Junta, en 2016 sólo se resolvieron dos procedimientos sancionadores en contra de bancos por incluir cláusulas abusivas en sus contratos, frente a las tres en el sector de la vivienda. A los bancos se les multó con 400.600 euros y a las inmobiliarias con 16.002 euros.
Un año antes, fueron tres las multas al sector financiero y de inversión por un valor de 27.502 euros y ocho al sector de la vivienda por 37.304 euros.
Así, el número de expedientes sancionadores se multiplicó por cuatro desde 2015, pasó de 3 a 14 en el caso de los procedimientos contra los bancos por cláusulas abusivas en los contratos.
«Desde 2015 hay más inspecciones y más denuncias por los casos de las cláusulas suelo, las preferentes y ahora por la reclamación, por ejemplo, de los gastos de hipotecas», apunta Blanco, quien resaltó que la Junta se está «esforzando» por llegar a los usuarios afectados a través, por ejemplo, de las redes sociales. Blanco subrayó la importancia de la web Consumo Responde, si bien añadió que «hay campo de mejora y en eso estamos». El objetivo es que lleguen más denuncias de los consumidores al Gobierno andaluz para que éste pueda aplicar la nueva normativa, más dura con estas prácticas ilegales.
Según comentó Blanco, las reclamaciones contra la banca coparon un diez por ciento del total de las quejas que llegaron a la Junta el pasado año, si bien las empresas eléctricas, de agua y gas son las que más denuncias acumulan, seguidas de las de telecomunicaciones.
Los consumidores arremeten contra las «micromultas»
{La organización de consumidores Facua Andalucía ha criticado en varias ocasiones que la Junta imponga «una cuantía ridícula, una micromulta, a un banco por incluir cláusulas abusivas en sus hipotecas». Así reaccionó cuando se conocieron multas como las de los 1,12 millones de euros contra la entidad CajaSur, o la impuesta a Caja Rural de Granada (1,2 millones), el Sabadell (0,8 millones), BMN (1,6 millones) y Unicaja (3,1 millones) en los últimos años.
Facua Andalucía, que destaca que sus denuncias, interpuestas hace ya cinco años, son las que dieron origen a los expedientes sancionadores, considera que la cuantía de las multas «representan una parte ínfima de las cantidades defraudadas». La federación denuncia que el Gobierno de Susana Díaz «no está tomando en consideración el número de clientes a los que cada banco engañó con la cláusula suelo en Andalucía y los beneficios obtenidos con el fraude, como prevé la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, a la hora de determinar la cuantía de las multas». Facua explica que las sanciones se están fijando sobre la base de las cantidades defraudadas sólo a los pocos cientos de usuarios que presentaron denuncias ante Consumo de la Junta y que son sanciones que sólo buscan cubrir el expediente en un intento por aparentar que la Administración andaluza lucha contra el fraude. Además, entiende que esas multas no disuaden a ninguna entidad bancaria de seguir defraudando a sus clientes, pues es mayor el beneficio que obtienen con el fraude y negándose a devolver el dinero a los afectados salvo que les obligue una resolución judicial, que el perjuicio por la sanción. ~