El nuevo decreto que regirá la Política Agraria Común (PAC) este año y el que viene ha caído como un jarro de agua fría en la comarca del Bajo Guadalquivir. Tal es así, que su Asociación de Agricultores, Ganaderos y Manchoneros (Agama) asegura que, de no corregirse, se producirá “el desmantelamiento del entramado de explotaciones profesionales familiares”, por lo que demanda “una acción inmediata de los partidos integrantes del Gobierno a fin de corregir el despropósito creado con la implementación de estos cambios normativos”. Tal vez la organización se refiere a Podemos, el partido que gobierna en coalición con el PSOE, porque es contra el socialista Luis Planas, ministro de Agricultura, contra quien ha cargado Agama al considerar que es él quien pretende el desmantelamiento de las explotaciones de la comarca tal y como están concebidas.
Con la asignación de los nuevos importes de pago básico, ya visibles por los agricultores, serán miles las explotaciones familiares las que verán fuertemente reducidos sus ingresos de la PAC, concretamente entre un 10% y un 40%, han señalado, por lo que eso de que solo un 1% de los beneficiarios de la PAC se verán damnificados, según el ministro, les parece a Agama “un ataque frontal a nuestro modelo”, por lo que exigen o una corrección o una compensación “a tal pérdida injustificada”.
Agama critica que el ministro haya dicho que “esta nueva PAC va dirigida a los verdaderos agricultores y ganadores y a explotaciones familiares, además de a la verdadera incorporación de los jóvenes a la agricultura”. Se trata de “un discurso demagógico”, según la organización, que ha cifrado que un 56% de las explotaciones del Bajo Guadalquivir tienen una superficie igual o inferior a las diez hectáreas, una superficie, por otro lado, bastante inferior a las medias andaluza y española. “Estas explotaciones gestionadas por profesionales familiares suponen aquí el motor económico”, aseguran. Agama recuerda que las familias han tenido que afrontar las distintas reformas agrarias producidas hasta la fecha, perdiendo tejido empresarial y productivo, y, encima, teniendo que realizar fuertes inversiones en modernización, a fin de ser competitivas. “Estas características hacen de nuestro modelo de agricultura profesional, además de un elemento de cohesión social y apego al territorio, diferenciador del modelo propio de otras regiones en las que la despoblación se ha convertido en un problema de primer nivel para el futuro de las mismas”, aseguran.
Algodón, remolacha y tomate de industria
El Bajo Guadalquivir es la comarca española que ha sufrido una mayor restructuración tras las reformas de la PAC del 2004 y del 2014. Los cultivos principales de la zona como el algodón, remolacha azucarera y tomate industrial sufrieron una bajada de precios drástica que se compensó a los agricultores con la asignación de derechos de Pago Único/Pago Básico con unos importes superiores a la media de la región en la que se localizaban.
Agama resalta que en el año 2000, antes de la primera gran reforma, el precio de venta del algodón rondaba 1,20 euros por kilo, precio que difiere en demasía de los precios abonados dos décadas después, que han sido 0,40 euros por kilo; es decir, tres veces menos. Por otra parte, en el caso de la remolacha azucarera, hace veinte años se liquidaba a 48 euros por tonelada, y actualmente a 26 euros por tonelada. Caso parecido ocurre con el tomate de industria que se liquidaba en aquel entonces a 108 € la tonelada y hoy, a 70 euros. Estas importantes pérdidas de precio, explican en Agama, son las que se complementaron con los derechos de pago Único/Pago Básico superiores a la media, a fin de corregir estas pérdidas tan importantes de rentabilidad de las explotaciones.