La exalcaldesa de Bormujos Ana Hermoso negó este martes ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el pago encubierto de la paga extra de 2012 retirada por decreto por el Gobierno central a través de productividades. Una figura cuya «legalidad» defendió, ya que así «lo indicó la propia interventora». La exalcaldesa explicó que las cuantías de este concepto en nómina «no es fijo y puede variar», como así ocurrió en el último semestre de 2012, sin que por ello suponga el supuesto pago encubierto que denuncia ahora el Ayuntamiento.

La ex alcaldesa compareció como prevaricación y malversación, después de que el juzgado abriera una investigación a raíz de una denuncia del actual regidor, el socialista Francisco Molina. En declaraciones a los periodistas, Hermoso defendió que este fue informado en el pleno en su momento de estos pagos, «los conocía desde 2012» y criticó que ahora formule una denuncia en base a un informe elaborado por el responsable del Departamento de Personal, que alertó de esta supuesta situación.

«Las productividades se vienen pagando desde hace 40 años y se sigue haciendo», señaló la que fuera primera edil de Bormujos. «Es algo que se cobra todos los meses y que se hace en todas las administraciones», añadió. Ella reconoce que la interventora emitió varios informes «con reparos por cómo se hacía el pago, sin que se justifique el motivo del que deriva, pero no porque fueran ilegales, todo lo contrario defendía su legalidad y ella misma la cobraba. Si fuera ilegal ella está en su obligación de denunciarlo», dijo.

Según Hermoso, estas cuantías «podían variar, por el sueldo, por la categoría profesional, porque eso va por porcentajes». En este sentido, dijo que incluso ese año se decidió pagar más, «cada concejal decidía lo que se paga a cada uno de los trabajadores de su área», porque «la gente estaba muy implicada, era la etapa de la crisis y la gente hasta doblaba turno».

En cambio, fuentes del Ayuntamiento insistieron en que la subida de la productividad se produjo «entre julio y diciembre de 2012, justo después de que el Gobierno publicara el decreto». Además, aseguran que el incremento mensual durante esos seis meses «coincide con la cantidad a cobrar de la extra fraccionada». A esto se une que en 2015 tras la luz verde del Gobierno para que los funcionarios recuperaran la extra, el Consistorio abonó de nuevo en dos ingresos –febrero, aún con Hermoso en el poder, y septiembre, ya con el gobierno socialista— el 50 por ciento de la extra, según la denuncia.