La vuelta a las aulas es ya una realidad. Un total de 855.455 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas comienzan las clases este jueves 15 de septiembre en 2.741 centros docentes. Del total del alumnado, más de 671.000 lo hará en la pública y casi 119.000 en la concertada. El pasado lunes 12 iniciaron el curso escolar en Infantil, Primaria, Educación Especial con 746.940 escolares. En total, Andalucía suma un total de 1.796.590 estudiantes y 130.160 docentes en 7.193 centros, tanto públicos como concertados y privados.
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Andalucía es el grave descenso de la natalidad. Esto se traduce en una nueva bajada del alumnado, en las enseñanzas de segundo ciclo de Infantil y Primaria, con alrededor de 15.000 alumnos menos. No obstante, desde la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (otrora de Educación), encabezada por la sevillana Patricia del Pozo, inciden en que el sistema educativo incorpora 4.815 docentes, 4.320 en la red pública y 495 en la concertada.
Según el departamento de Del Pozo, el aumento de la plantilla pública docente permitirá “mantener la figura del coordinador de Salud en los centros educativos, reforzar la Formación Profesional, mejorar el rendimiento académico del alumnado y la reducción del absentismo escolar así como dotar de efectivos al Plan de Transformación Digital Educativa”.
Excesiva burocracia y reducción de aulas
No obstante, no parece ser que estos anuncios en forma de números calmen a los docentes. El sindicato mayoritario en el sector público, CSIF, ha lamentado “el cierre de unidades que se está produciendo en la escuela pública en los últimos años y que asciende a 1.161 unidades menos en los últimos cuatro cursos escolares, con especial incidencia en los cursos 19/20 y 20/21”, ante lo que el sindicato aboga por «poner freno a esta tendencia y aprovechar la bajada de la natalidad por reducir la ratio de los grupos en lugar de cerrar unidades de la escuela pública«, según manifestó recientemente en los medios la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García.
La central sindical, según un sondeo realizado en su web, afirma que el 68% del profesorado asegura que el curso escolar 2022-2023 ha arrancado en su centro «sin la plantilla del claustro al completo» y el 34% indica que las obras que se han estado desarrollando durante el verano «aún no han concluido”.
Otra de las quejas que más desgaste provoca en el docente, la burocracia, ha sido puesta en solfa desde CSIF Andalucía. Aseguran que el 96% del profesorado la considera excesiva o abrumadora, y el 70% de ellos dice emplear entre cinco y siete horas semanales a labores de este tipo, según la citada encuesta.
García indicaba que “si las horas de dedicación a tareas burocráticas por parte de los docentes de un claustro se computaran conjuntamente se traducirían en docentes adicionales en cada centro y ello tendría un impacto positivo en cuanto a refuerzos, desdobles y una atención más individualizada del alumnado”. Además, añadió que»son necesarios más recursos para un verdadera apuesta por la educación pública en Andalucía, con incremento de plantillas, bajadas de ratios y refuerzo de la atención a la diversidad”.
A su juicio, «este ingente papeleo exigido por la Administración responde al establecimiento de mecanismos de control que denotan desconfianza hacia los profesionales de la educación y es fruto además de la inestabilidad de las leyes educativas». «El profesorado tiene que estar constantemente justificando su trabajo y las decisiones pedagógicas que adopta, viéndose obligado a cumplimentar un sinfín de documentos y asumiendo tareas ajenas a su verdadero quehacer profesional», ha apostillado.
García hizo un repaso de cómo afecta a tutores, equipos directivos o maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje este «trabajo que ha inundado la labor docente en los últimos años y que además la pandemia ha agudizado«, y ha ofrecido datos sobre el sentir del profesorado al respecto, recabados a través de una consulta realizada a través de la web de CSIF Educación Andalucía.
La voz de la Concertada
Un 20% del alumnado andaluz acude a centros concertados. Las reivindicaciones del sector van, en algunos de los puntos, en la línea de lo expuesto por CSIF, sobre todos los referidos al número de horas lectivas, la burocracia o las bajadas de ratio. Desde FSIE, primer sindicato en cuanto a representación en la Mesa de la Concertada, instan al gobierno con mayoría absoluta del PP, en este comienzo del curso 2022-2023, a cumplir “todos y cada uno de los compromisos adquiridos con los trabajadores de los centros concertados y se negocie un gran acuerdo con el sector de la enseñanza concertada”, afirman.
En este sentido, la federación de educación de USO, segunda fuerza de mayor representación en la citada mesa, ha mantenido reuniones con la consejera Patricia del Pozo, que declaró ante la secretaria general, Mari Paz Agujetas, su predisposición “a establecer dicho acuerdo para avanzar en la resolución de las distintas propuestas que desde este sindicato se consideran enquistadas y sin resolución satisfactoria”.
Tanto USO como FSIE coinciden en cerrar promesas incumplidas por parte de los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía desde el año 2012. Entre las demandas históricas podemos destacar la inclusión de conceptos como los sexenios/carrera profesional -como ya hace Castilla y León- o complementos de cargo (tutorías, jefaturas de departamento, etc.); el abono prometido de la deuda salarial pendiente (PEA y cantidades de la Paga Extra de 2012), la creación de un Complemento Autonómico para el personal complementario y de administración y servicios (PAS) de los centros concertados; el aumento y extensión a todos los niveles de las horas de orientación educativa, la concertación del Bachillerato, promesa electoral incumplida en el anterior mandato de PP y Cs o un acuerdo de recolocación para el personal afectado por pérdida de unidades, entre otras.
Aspectos positivos
Como aspectos favorables de este curso escolar que comienza, desde CSIF Educación Andalucía se señala el llamado Concursillo, a través del cual más de 13.000 docentes se benefician de una mejor conciliación al poder desempeñar su trabajo más cerca de su localidad, según ha detallado García.
Desde USO y FSIE, sobre el mantenimiento de los antiguos refuerzos COVID coinciden en que es una medida positiva, pero no comparten la reducción progresiva del número de refuerzos acordados.
Igualmente, Elena García, de CSIF, y los sindicatos mayoritarios en la Mesa de la Concertada, USO y FSIE se han congratulado por que en la nómina de septiembre de los docentes se dé el primer paso hacia la equiparación retributiva del profesorado andaluz.