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El Ayuntamiento de Camas busca un resquicio legal para romper el contrato con Asisttel. / El Correo
Han dicho basta. El Ayuntamiento de Camas ha decidido encargar a su servicio jurídico la posibilidad de rescindir el contrato, de cuatro años de duración y que se encuentra en su ecuador, con la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio ante «los continuos y reiterados incumplimientos en materia social, económica e incluso de medios para trabajar». Los trabajadores de la empresa han denunciado los «injustificados atrasos» en el cobro de las nóminas, además de «las dificultades que encuentran para hacer uso de sus derechos laborales y además el que en ocasiones no se les proporcione Equipos de protección individual (EPIS) homologados.
El alcalde de Camas, Rafael Recio (PSOE), a expensas de contar con base jurídica para romper el contrato, manifestó que una situación de irresponsabilidad como la que le trasladan las trabajadoras de la empresa Asisttel no puede mantenerse por más tiempo en la prestación de un servicio público. «No solo estaría de por medio para actuar la vulneración de derechos del trabajador, sino también, el menoscabo en el servicio, ya que pese a la gran profesionalidad de las trabajadoras, sin dudas, la presión de no cobrar dignamente su salario o no tener los medios adecuados, repercuten en la ciudadanía». Es más, Recio aseguró que se trata de «una práctica habitual» de esta empresa, puesto que ha obrado de manera similar en ocasiones anteriores –de hecho, gestiona el servicio de ayuda a domicilio desde el año 2008. Al último contrato accedió, de hecho, después de que la empresa Clece, la en principio ganadora, se retirará, en un proceso marcados por los recursos presentados por las empresas solicitantes.
Pagos a la empresa
El Ayuntamiento aclaró, además, que sólo adeuda a la empresa Asisttel la facturación de los meses de junio y julio, siendo imputable esta falta de tramitación en el pago a la empresa adjudicataria, la cual no procede a la subsanación de los defectos advertidos en las facturas hasta el 7 de agosto. El Consistorio añadió que, teniendo en cuenta que sólo han transcurrido 16 días desde la recepción de las facturas y con lo establecido en la ley 15/2010 del pasado 5 de julio por la que se establece medidas de lucha contra la morosidad, no se está incumpliendo obligaciones, por lo que en ningún caso puede utilizarse este argumento para justificar la falta de pago a trabajadores.
Recio señaló que están «cansados» de que «esta empresa maltrate la dignidad del trabajador incumpliendo con sus obligaciones, son ya muchos los episodios acumulados como para ahondar en las posibilidades que ofrece la ley de contratos del sector público para no permitir estos hechos»