A un total de 911.985,10 euros asciende la cifra que el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache debería haber cobrado por el alquiler social de unas viviendas entregadas hace años, y que, impago tras impago, han acumulado esa deuda, que, sin embargo, cada año se reflejan en los presupuestos municipales como “ingresos patrimoniales”.
La cifra la ha hecho pública el concejal no adscrito en el Ayuntamiento sevillano, Manuel Pérez, que ha presentado, por medio de su abogado, una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, para aclararse por qué se ha producido una “inacción” del alcalde y su equipo para no solo no cobrar esta cantidad, sino seguir metiéndola cada año en los presupuestos municipales como los citados ingresos patrimoniales.
La denuncia se ha puesto tras recibir Pérez un certificado del Departamento de Rentas del Ayuntamiento, que cita que “en relación a la Providencia del Concejal-Delegado de Hacienda de fecha 19 de diciembre 2022 y tras revisar nuestra base de datos y actualizar la situación económica a fecha de hoy teniendo en cuenta los ingresos producidos y las Subvenciones concedidas
por la Junta de Andalucia, se informa que la deuda contraída de las 47 Viviendas en Régimen Especial de Protección Pública en concepto de Arrendamiento desde enero 2010 a noviembre 2022 con el Ayuntamiento,
asciende a 911.985,10 euros”. Obviamente, tres meses después esa cifra ha aumentado.
“Llevamos años esperando”
A la espera de la respuesta del Tribunal de Cuentas, Manuel Pérez lamenta que ha estado “años tardando en obtener la información que por fin hemos puesto en conocimiento del tribunal de cuentas”, y ha agradecido “tanto al defensor del pueblo andaluz como a la Justicia la defensa de los derechos fundamentales que como concejal me amparan”.
Asegura que “las 47 viviendas de protección especial de las que dispone el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, no solo están totalmente fuera de control, también es que la inacción perpetuada en el tiempo por parte del equipo de gobierno de Fernando Zamora, ha provocado un detrimento de ingresos patrimoniales de más de un millón de euros, lo cual podría ser constitutivo de malversación de caudales público”.
Todo ello, “lo hemos puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas con el fin de intentar salvaguardar llanto los intereses patrimoniales del Ayuntamiento, como poder recuperar los vienes inmuebles de éste para poder ponerlos a la disposición de los vecinos con problemas de vivienda, que lamentablemente son muchos.
“Molesta mucho la inacción del Ayuntamiento”
Para el concejal que ha encabezado la denuncia, “lo que más molesta es la inacción del equipo de Gobierno durante años en tema de viviendas, y aparte de la merma económica que ha supuesto para las arcas públicas, está negar la posibilidad de una vivienda digna a muchos vecinos que podían tener perfectamente resuelto el problema de vivienda y perfectamente regularizado”.