Una vecina de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) se enfrenta a una posible pena de seis meses de prisión tras ser sorprendida usando para aparcar en plazas de movilidad reducida con una tarjeta de su madre, que falleció hace cinco años, aunque desde entonces la había usado impunemente.
Los agentes de servicio de vigilancia, en el control de los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida, observaron un vehículo haciendo uso de uno de esos aparcamientos, cuya conductora se encontraba en el interior del mismo.
Al ser preguntada por la titularidad de la tarjeta, la conductora responde que la misma es propiedad de su madre, quien se encontraba en una consulta médica y ella era la encargada de trasladarla.
Caducada desde hacía año y medio
Sin embargo, al revisar estos agentes dicha tarjeta, emitida por otra comunidad autónoma distinta a Andalucía, comprobaron se encontraba caducada desde hacia más de año y medio, y se procedió a su intervención, a pesar de la insistencia de la conductora, quien alegaba «que la necesitaba enormemente pues era la encargada de trasladar a su madre a consultas médicas”.
Sin embargo, tras emplazar a la conductora a que solicitase una nueva tarjeta ante la consejería correspondiente de su comunidad autónoma, los agentes comprobaron que la titular de la tarjeta había fallecido hacía ya cinco años, por lo que se procedió a investigar a la conductora por un posible delito de falsedad documental.
La mujer fue denunciada por el uso fraudulento de la tarjeta, y se enfrenta a un delito contemplado en el Código Penal que se castiga con una pena que va desde los seis meses a los tres años de prisión, acompañada de una sanción de entre seis y 12 meses.
Personal e intransferible
La razón es que la tarjeta de discapacidad o movilidad reducida es personal e intransferible. Solo se puede hacer uso de ella cuando el titular de la misma se traslada en el vehículo. Se puede usar cuando lo conduce o es pasajero, pero nunca si no va en el coche.
La misma pena se aplica en el caso de que se falsifique la tarjeta o se use la de una persona fallecida. Además, en el caso de que se aparque un coche sin autorización en una plaza de movilidad reducida, la sanción es de 200 euros más la tasa de uso de la grúa.
La Policía ha lamentado, además, que en este caso se da una importante falta de empatía, ya que la persona que usaba la tarjeta lo hacía sabiendo que era de un familiar, con el conocimiento de la normativa que debe tener y de los problemas que sufren las personas beneficiarias de este servicio cuando su plaza está ocupada.
