Primero fue el alcalde de La Puebla del Río, Manuel Bejarano, uno de los dos pueblos –junto a Coria- que sostienen el epicentro de afectados por el virus del Nilo que transmiten los mosquitos de la marisma. Pero al día siguiente no tardaron en presentarse muchos de sus compañeros socialistas -alcaldes de otros municipios del Aljarafe y el Bajo Guadalquivir- en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla para solicitar que fuera la Junta de Andalucía quien asumiera la competencia en esta lucha y, sobre todo, su financiación, porque una cosa es fumigar un día y otra bien distinta contratar a una empresa especializada para un tratamiento específico que puede durar semanas, como ocurre justamente en La Puebla del Río, que ya va para tres.
Ayer reaccionaron otros alcaldes para pedir lo mismo. Porque los trabajos de fumigación no parece que vayan a terminar mañana. Y no solo del PSOE. El regidor de Coria del Río, Modesto González, de Andalucía por Sí (AxSí), se presentó con un escrito similar al que llevaron sus homólogos el día anterior en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla, a cuyo titular, Ricardo Sánchez, e incluso al consejero de Salud, Jesús Aguirre, les habían pedido “financiación específica, la asunción de competencias en dichas gestiones y una reunión urgente para coordinar las posibles medidas preventivas y de control”.
Este lunes, reunión
Al menos esto último lo ha concedido la Delegación de la Junta en Sevilla, y ha citado a todos los alcaldes afectados para el próximo lunes. El de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU), ya ha dicho que acudirá porque “es un absoluto despropósito que no sea la Junta de Andalucía la que tome la iniciativa y ejecute unos trabajos que afectarán a varias provincias y comarcas diferentes”. Valle insistió ayer en que también “es una temeridad parchear solo algunas zonas y no abarcar otros municipios en los que sigue creciendo el número de caballos infectados e incluso a personas”. El alcalde palaciego se queja de que la Junta “nos impone un protocolo como autoridad competente pero escurre el bulto y, en vez de actuar, nos exige a los ayuntamientos que seamos los que llevemos a cabo una serie de actuaciones que ni son competencia municipal, ni los ayuntamientos contamos con recursos económicos para costearlas, ni tenemos personal cualificado para hacerlas dada su complejidad técnica”.
El número de pueblos de Sevilla directamente afectados no para de crecer. Si a comienzos de la semana se habían contagiado varios caballos en municipios como Los Palacios, Las Cabezas, Lebrija o Mairena del Aljarafe –y el número va en aumento-, también se han puesto a desinfectar otros pueblos como Bormujos, Camas, Almensilla, Gelves o El Castillo de las Guardas. Más o menos por precaución, más o menos por proximidad a la zona de riesgo. “La zona de influencia del mosquito se extiende por miles de hectáreas de cultivo, además de por nuestros cascos urbanos”, ha recordado el primer edil palaciego, “por lo que la actuación de la Junta de Andalucía es obligada y urgente, sobre todo ahora que empiezan a aparecer opiniones de expertos arroceros que cuestionan la efectividad del plan propuesto por la Junta”.
Miles de euros
La empresa de Camas que han contratado muchos pueblos para la fumigación profesional de sus zonas verdes, Dedesin SL, no ha señalado, a preguntas de este periódico, un precio exacto de su trabajo, porque “depende de muchos factores como la extensión del municipio, su topografía, la cantidad de zonas transitables con verde o el horario”, según su director técnico, Rafael Sánchez, que, en todo caso, ha reconocido que “barato no es, ni mucho menos”. Aunque Sánchez no ha querido dar cifras concretas, la primera teniente de alcalde en Los Palacios y Villafranca, Carmen María Molina, ha señalado que el tratamiento cuesta más de 7.000 euros cada semana. Hoy precisamente terminan de aplicarlo en este municipio del Bajo Guadalquivir. En otros pueblos vecinos, como Lebrija, donde han contratado una empresa local, la fumigación sale a unos 650 euros diarios más IVA.
“Es que el precio depende de muchísimos factores en cada caso”, advierte Sánchez, cuya empresa lleva 54 años dedicada al control de plagas y en algunos de los pueblos que ahora actúa –Los Palacios, Almensilla, Gelves, o Aznalcázar- lleva varias décadas aplicando tratamientos contra ratas y cucurachas. “No es lo mismo un pueblo pequeño que otro mucho más grande y con pedanías; uno que tenga pocas zonas verdes que otro con muchas; o tener que llevar una cuba con un motor pulverizador, un conductor y dos técnicos aplicadores que hacerlo con un solo trabajador”, advierte. En cualquier caso, Sánchez ha insistido en que “esto no es cuestión de dinero, sino de salud pública”, aunque “comprende” la actitud de los Ayuntamientos, porque “muchos de ellos se han gastado ya buena parte de sus presupuestos en luchar contra el COVID-19”.
El producto que se está aplicando se compone principalmente de dos sustancias químicas: permetrina y tetrametrina, que según ha insistido Sánchez “no supone ningún peligro para las personas, a menos que te pongas debajo cuando están fumigando”. La asociación medioambiental Laguna de los Tollos, en El Cuervo de Sevilla, solicitó ayer a su Ayuntamiento “información sobre el tipo de fitosanitarios que se va a utilizar en la fumigación y la empresa que lo va a realizar”, porque “ciertos fitosanitarios sí son perjudiciales para la salud y el medioambiente”.
Y mientras los Ayuntamientos miran hacia la Junta, el Gobierno autonómico mira hacia el central. Ayer, el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, aseguró que había recibido un informe del Centro Nacional de Microbiología fechado el 10 de junio en el que se reconoce que había un brote del virus del Nilo en Sevilla, aunque lamentó que no les llegara hasta el pasado 24 de agosto, cuando ya hacía casi dos semanas que habían empezado las fumigaciones en La Puebla del Río.