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Cuatro denunciados en Tomares por falsificar tarjetas de aparcamiento

Se trata de una acción que podría suponer una pena de prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 6 a 12 meses

22 sep 2020 / 12:05 h - Actualizado: 22 sep 2020 / 12:08 h.
"Movilidad","Policía Local"
  • Imagen de una de las tarjetas falsificadas. / El Correo
    Imagen de una de las tarjetas falsificadas. / El Correo

La Policía Local de Tomares ha denunciado a cuatro vecinos de la localidad que usaban tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida para estacionar en las calles de la localidad, en distintas batidas realizadas en las calles en estos días para controlar el buen uso de estas tarjetas.

En una de las actuaciones, según ha informado la Policía en sus redes sociales oficiales, “se instruyen diligencias a tres ciudadanos, por un presunto delito de falsedad documental. Estas personas realizaban una utilización fraudulenta de la tarjeta de personas de movilidad reducida”.

En la segunda, las actuaciones van dirigidas hacia un varón de 65 años, por un presunto delito de falsedad documental. “Esta persona realizaba una utilización fraudulenta de tarjeta de personas de movilidad reducida”, señalan las mismas fuentes. Y en ambos casos no parece que sea algo que sale gratis.

Sanciones

Teniendo en cuenta que se trata de un documento público, las personas denunciadas por estos motivos cometen un delito regulado en el Código Penal y que podría suponer la pena de prisión de 6 meses a 3 años y una multa de 6 a 12 meses.

Se puede dar el caso de que en lugar de falsificar la tarjeta lo que se hace es utilizar una tarjeta verdadera, perfectamente válida, pero por una persona que no esté legitimada para ello, estaría cometiendo un delito penal, con la citada pena.

Se trata de documentos con carácter personal e intransferible, para ser utilizadas, únicamente, cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él. Se tiene que usar el original, y nunca una fotocopia.

Aparte de la denuncia penal, el mal uso conlleva la apertura de un expediente administrativo, con multa de 200 euros como mínimo. Si se trata de una tarjeta “legal” cedida por otra persona, puede suponer la retirada de la misma.


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