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Una de las estancias interiores del monumento de San Isidoro del Campo. / Jesús Barrera
La Junta cortará por lo sano y dejará que la conservación y gestión del monasterio de San Isidoro del Campo sea asumida en exclusiva por sus dueños, la Casa Álvarez de Toledo, al igual que ocurre con otros bienes de interés cultural (BIC) de propiedad privada como la Casa Pilatos, el Palacio de Dueñas o la Catedral. La Consejería de Cultura ha encargado un informe para resolver el convenio, que data de 1991 y por el que la administración autonómica se comprometía, a cambio de uso de parte del inmueble, el mantenimiento y vigilancia del BIC por un periodo de 50 años. Quedaba exento de esta cesión el Panteón Familiar y el Claustro de los Evangelistas que se mantenía para uso exclusivo de la familia –aunque el último sí podía recibir visitas–.
Desde entonces, y cumplido el ecuador del contrato, la Junta ha echado cuentas y lleva once millones invertidos frente al silencio de los propietarios, a los que espera desde hace algo más de un año, a raíz del robo en verano de 2016 de dos paños de Niculoso Pisano, para revisar un acuerdo que considera que la familia Álvarez de Toledo «ya ha incumplido»
«La Junta no puede mantener durante 25 años más un edificio que es propiedad privada y no recibir contraprestación alguna a cambio», manifestó el delegado territorial de Cultura y Deporte, José Manuel Girela, que lamentó la «falta de diálogo» de la familia Álvarez de Toledo, pese a que se le ha remitido varias cartas, una de ellas de la anterior consejera, Rosa Aguilar, para diseñar una alternativa conjunta para la conservación, explotación y seguridad en este monasterio de Santiponce.
Ante «la falta de dialogo» de los propietarios, la Junta ha tomado la determinación de no insuflar más dinero de las arcas públicas y emprender la misma postura de vigilancia o tutela que la Consejería de Cultura acomete con otros BIC privados, en cumplimiento de la ley de Patrimonio. «Cuando se hace una obra en la Maestranza o en la Catedral, por ejemplo, se notifica a Patrimonio para su revisión y autorización y es el propietario el que lo costea», aclara Girela, que confía en que la resolución de este convenio se produzca a lo largo de 2018. Pese a estos plazos, la Consejería de Cultura sí ha mantenido en sus presupuestos para el ejercicio próximo una partida, de 143.000 euros, para mantenimiento del inmueble.
Esa cuantía fue anunciada la semana pasada por el consejero del Cultura, Miguel Ángel Vázquez, en una comisión parlamentaria en la que escenificó el malestar de la administración autonómica con los propietarios del BIC. «Llevamos años manteniendo abierto un edificio que es propiedad de una familia de rancio abolengo», arremetió Miguel Ángel Vázquez, en un momento en el que afeaba a Podemos las críticas a la Junta sobre el estado del BIC poncino. El consejero insistió en que la «realidad del monasterio» es que los propietarios «incumplen el convenio». «Se ha tratado de localizar a la familia, pero ni atiende al teléfono ni acata los requerimientos», indicó.
El convenio firmado en el año 1991 se recogía la cesión de uso a la Junta de la iglesia primera o de Alonso Pérez de Guzmán; la iglesia segunda, o de Juan Alonso Pérez de Guzmán; la Sacristía, la Sala Capitular y la Capilla de Reservado; el Claustro de los Muertos; el refectorio; el Corral de los Conejos; y el cementerio viejo, actual Patio de los Naranjos.