Fue en junio de 2015 cuando Mario Calderón, padre de Jennifer y Estefanía, asesinó a su mujer en el domicilio familiar de Alcalá de Guadaíra.
Por aquel crimen la justicia lo condenó a 21 años y seis meses de prisión, y a indemnizar a sus hijas con la cuantía de 100.000 euros.
Dado que la familia solo contaba con un bien inmueble y dos vehículos, se propuso que éstos cubrieran una parte de la indemnización, que suponía 60.000 euros.
Lejos de aliviar la situación, la forma de pago ha supuesto un nuevo impedimento para las hijas, ya que Hacienda les reclama 5.000 euros por el traspaso de esos bienes.
La situación de precariedad en la que viven –una cuenta con una prestación de 430 euros y otra con un sueldo de 400- les impide hacer frente al gravamen, por lo que han iniciado una petición en Change.org con la intención de que se implante la exención fiscal de las indemnizaciones a víctimas de violencia de género.
La iniciativa, que fue puesta en marcha hace una semana, ha conseguido 6.938 firmas por el momento, y pretende llegar a las 7.500 para que el Gobierno y los grupos políticos con representación parlamentaria tomen medidas para cambiar la legislación.