Écija da voz a las víctimas del franquismo

Los nombres de 211 personas asesinadas en Écija al comienzo de la guerra civil están grabados sobre el mausoleo que cubre la fosa común del cementerio municipal de Écija. Vecinos y familiares de las víctimas están convocados el 1 de noviembre al acto institucional en que está previsto honrar su memoria.

Son los nombres de personas ejecutadas en Écija tras la asonada fascista del 18 de julio de 1936, fallecidas en prisiones militares o en campos de concentración, como el caso de Antonio Guerra González, al que la guerra civil llevó primero a Francia y más tarde al campo de concentración nazi de Gusen, donde murió en 1941. El recuerdo de todas ellas se ha mantenido vivo en la memoria de sus familiares y ha sido rescatado por la investigación de las hermanas Jiménez Aguilera, Carmen y Ángeles, que han documentado la represión franquista en Écija y su comarca.

Estas dos ecijanas han rastreado los archivos del Registro Civil, de instituciones militares e incluso de hospicios para huérfanos, además de recoger los testimonios orales de familiares de las personas asesinadas en su ciudad tras el golpe de estado militar que desembocó en la Guerra Civil. Ha sido una tarea de años que les ha permitido elaborar un listado de más de 200 personas que, con todo, no está cerrado. La prueba es que el mausoleo del camposanto ecijano recoge 211 nombres pero el registro se ha quedado anticuado nada más esculpirse en mármol: las hermanas Jiménez Aguilera ya han documentado a la víctima 212.

Se trata de Antonio Salazar Belmont, sindicalista ecijano. Su nombre se une a los de Manuel Cuenca Crespillo, Manuel Cuenca Crespillo, dirigente de la Casa del Pueblo; a la suegra de éste, Pastora Soto Valderrama, asesinada de un tiro delante de sus nietos. También al del alcalde de Écija en julio de 1936, Juan Tamarit y Arcos; o Fernando del Marco, relojero del Ayuntamiento, Antonio Baena González, Juan Jiménez García y su hijo Juan Jiménez Tovar, médico y practicante, fusilados el mismo día: el padre pidió ser fusilado primero para no pasar el trance de ver morir a su hijo.

Lo cuenta su nieta, Elena Páez, una mujer de 80 años que recuerda que su abuelo dirigió el hospital de Écija. Tras el levantamiento de julio de 1936 rechazó esconderse porque «no le había hecho daño a nadie y además no era el momento más oportuno para dejar el hospital. A los pocos días llegaron a la consulta para llevárselo. Pidió que le dejaran terminar con el paciente que estaba atendiendo, pero no lo dejaron».

La de Juan Jiménez padre e hijo es una historia repetida por casi todos los familiares de víctimas del franquismo en Écija. «Lo que se hizo aquí fue parecido a otros sitios», cuentan Carmen y Ángeles Jiménez Aguilera: «los militares sublevados asesinaron a concejales, maestros, médicos y sindicalistas para dar miedo y tener controlada a la población. La gente pensaba Si matan a estos, a quiénes no van a matar».

También mataron en Écija a Justo Morterero y Felipe, abuelo de la socialista Carmen Cerceira Morterero (secretaria federal de movimientos sociales en el XXXIV Congreso Federal del PSOE). Maestro de profesión, era partidario de los movimientos de renovación pedagógica de la época, como la escuela nueva. Como el médico Jiménez García, tras el 18 de julio de 1936 permaneció en Écija a pesar de ser aconsejado para que abandonara la localidad ya que consideraba que no había cometido delito alguno por el cual debiera ocultarse. Detenido a finales de julio, le trasladaron a la Remonta Militar y de ahí a un edificio municipal donde estuvo preso hasta que la mañana del 23 de agosto su hija Carmen fue a llevarle comida, como hacía todos los días, pero una desconocida le dijo: «Vete, hija, que estos hijos de puta han fusilado a tu padre». Su cuerpo, según un familiar suyo, fue enterrado en una de las fosas comunes en el cementerio municipal de Écija, lo que no fue obstáculo para que en 1937 se le abriera expediente de depuración, cerrado en 1941 ordenándose su separación del servicio y la baja en el escalafón cinco años después de ser asesinado.

Médicos, maestros, concejales e incluso diputados. Como Ricardo Crespo Romero, parlamentario que fue asesinado en Écija junto con su hermano José. Los nombres de ambos están ya para siempre sobre el mármol del mausoleo del cementerio ecijano, en el que también está el de Manuel Barrios Jiménez, ecijano cuyos restos no están en esa fosa común pero que tuvo el fúnebre honor de ser asesinado en la misma saca de agosto que terminó con la vida del padre de la patria andaluza, Blas Infante.

O como Pastora Soto Valderrama, bordadora asesinada con 56 años, conocida como la tuerta la nevá, y de la que dicen sus familiares que «siempre iba la primera en las manifestaciones, huelgas, no le importaba hablar en público y era solidaria con los pobres, las mujeres y los niños». Su yerno era Manuel Cuenca Crespillo, jornalero asesinado con 35 años por el delito de ser presidente de la Casa del Pueblo de Écija.

Ese régimen de terror dejó un rastro de viudas y huérfanos. Gente que debió huir o que no tuvo más remedio que guardar silencio. Ahora, 81 años más tarde, pueden volver a hablar, pedir que se cuente la verdad sobre la muerte de sus familiares y reclamar la memoria de sus seres queridos asesinados todavía no saben por qué.