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Alcalde de Cazalla de la Sierra. / El Correo
El pleno municipal de Cazalla de la Sierra vivió el miércoles un episodio sin precedentes tras interrumpirse la sesión ordinaria para detener una grabación de vídeo que realizaba una persona del público. Fue el portavoz socialista y primer teniente de alcalde, Manuel Antonio Jiménez Conde, quien detuvo el pleno al percatarse de una grabación «no autorizada». Tal y como se puede ver en el vídeo, difundido por las redes sociales, Jiménez solicitó que se detuviera la grabación porque no había sido solicitada previamente, tal y como se acordó en un pleno de 2014.
El portavoz del grupo popular, Fernando Francisco Lorenzo, protestó y dijo que la legislación respaldaba la grabación, en alusión a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según Lorenzo, el acuerdo del pleno de 2014 se puede declarar nulo al contravenir esta ley.
El equipo de gobierno aseguró que el acuerdo por el que cualquier grabación debe ser solicitada mediante instancia previa fue acordado por la anterior corporación y «precisamente, a instancia del Partido Popular», por lo que los socialistas no entienden la actitud de Lorenzo. Igualmente, indicaron que cualquier instancia de este tipo es aceptada sin ningún problema, y lo único que se pretende es tener un control de quién graba. A este respecto, fuentes municipales señalaron que lo que se busca es cautela a la hora de emitir las imágenes, ya que no se cuelgan los vídeos completos, sino solo partes que pueden llevar a la tergiversación. De igual manera, las mismas fuentes indicaron que la grabación era de la plataforma ciudadana Cazalla Activa, y añadieron que hay constancia de que anteriormente otro pleno fue grabado a escondidas.
Tras llamar la atención a los debatientes, el alcalde, Sotero Martín, resolvió el conflicto recordando el acuerdo de 2014 y pidiendo que se detuviera la grabación, para lo cual llamó a la Policía Local.
Por su parte, la plataforma Cazalla Activa considera que parar la grabación «vulnera los derechos de libre acceso a la información pública, amparados por la Constitución, la Ley de Transparencia de Andalucía y la propia ordenanza municipal». En relación a esto último se amparan en la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2015, que confirmó la nulidad del precepto de un reglamento orgánico municipal que prohibía efectuar grabaciones de imagen y sonido sin la previa y discrecional autorización de la Presidencia del pleno. ~