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Antonio Campos, alcalde de Alcalá del Río, en su investidura tras las elecciones municipales de 2019 (Foto: Ayuntamiento de Alcalá del Río)
El Partido Popular de Alcalá del Río ha pedido públicamente la dimisión del alcalde alcalareño, Antonio Campos (PSOE), por encontrarse inmerso en un procedimiento penal por un presunto delito de prevaricación administrativa. Los populares reclaman la renuncia al cargo y la celebración un pleno extraordinario para informar a los vecinos sobre el proceso que lo va a sentar en el banquillo el próximo mes de febrero de 2023.
Según explica el partido a través de una nota, este lunes “ha salido a la luz”, tras la publicación por distintos medios de comunicación, que el regidor socialista ha sido investigado por la Fiscalía y va a ser juzgado por la vía penal cuando falten apenas 3 meses para las elecciones municipales, toda vez que la vista oral ha sido suspendida hasta en dos ocasiones, la más reciente este pasado mes de mayo.
Según se explica desde el Partido Popular, “en un ejercicio más de la falta de transparencia que caracteriza al gobierno socialista de Alcalá del Río”, no ha habido información alguna relativa a todo este proceso judicial ni por parte del alcalde ni del partido. “Ni siquiera se ha tenido el más mínimo sentido de la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía”, resaltan. Máxime cuando el proceso judicial podría conllevar el cese del regidor en su cargo, ya que la pena solicitada es la de inhabilitación.
El PP pide la “inmediata dimisión” por ejemplaridad e higiene democrática
Apelan igualmente los populares al código ético del PSOE que recoge en el punto 5.2 de su articulado que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”. Ateniéndose a estos términos, el PP alcalareño señala que “independientemente de la resolución de este proceso, el alcalde está obligado a dimitir”, y que ante la renuncia voluntaria al cargo “el PSOE ya debería haberlo suspendido de militancia y expulsado del partido”.
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá del Río, integrado por dos concejales, ha pedido a través de una nota y en sus redes sociales la “inmediata dimisión de su cargo de alcalde” a Antonio Campos “por ejemplaridad, higiene democrática y en un ejercicio de transparencia”, así como “la aportación de información clara y detallada sobre el proceso en el que se encuentra inmerso dirigida a la ciudadanía”.
Del mismo modo, este martes el partido ha dado registro a la petición de celebración de un pleno extraordinario “donde se ofrezca toda la información relativa a este procedimiento penal y que, de esta forma, sea conocida por todos los vecinos del municipio de Alcalá del Río”.
Presunta prevaricación en la contratación de una técnico de comunicación en 2011
Los hechos objeto de la denuncia que dio inicio al proceso judicial se remontan al año 2011, cuando se contrató a una técnico de comunicación e imagen “sin oferta de empleo público, sin selección de personal y sin publicidad alguna que garantizase la concurrencia de más aspirantes”, según recogen los populares en el escrito. La contratación se realizó el 1 de julio de 2011, apenas 20 días después de llegar los socialistas al gobierno local tras las elecciones municipales, en las que volvieron a hacerse con la alcaldía. La persona contratada – vinculada al PSOE local y familia directa de una concejala del equipo de gobierno – estuvo en el puesto hasta el año 2016.
Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía en el año 2014 por el Partido Andalucista local – grupo político que actualmente ya no existe ni tiene representación en el consistorio alcalareño, y que en el momento de la denuncia formaba parte de la oposición –, por un presunto delito continuado de prevaricación en la contratación administrativa.
Se piden 12 años de inhabilitación para cargo y empleo público para el alcalde
Según se ha podido saber, el Ministerio Público indica en su informe que en esta contratación se omitió un proceso de selección que asegurase “los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”. En el escrito de la acusación se recoge igualmente que no existió expediente de contratación, fiscalización de la colocación ni cobertura presupuestaria para el abono de las nóminas, que supusieron un coste de más de 164.000 euros para las arcas municipales.
Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento del alcalde mediante un informe por parte del interventor municipal de fecha 29 de julio de 2011, menos de un mes después de la contratación, sin que se remediase la situación ahora objeto de juicio. Más aún, a pesar de la denuncia, la relación laboral se mantuvo durante toda la legislatura y parte de la siguiente, hasta que se puso fin al contrato el 31 de julio de 2016.
Por todo ello, y según ha trascendido, la Fiscalía solicita una condena de 12 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público para el alcalde como presunto autor de un delito de prevaricación, y 5 años de inhabilitación para la trabajadora como cooperadora necesaria del presunto delito.