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Un pescador recoge una de sus redes con cangrejos. / Pepo Herrera
Isla Mayor vuelve a estar en alerta por el cangrejo rojo. El rechazo a la moción de modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que pretendía sortear la prohibición del Tribunal Supremo a pescar y comercializar en vivo especies invasoras como la del cangrejo rojo, supone un nuevo jaque en este tablero de ajedrez que empezó la partida en marzo de 2016, cuando el Alto Tribunal dio la razón a varios grupos de ecologistas e incluyó en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras al Procambarus clarkii (nombre científico de este crustáceo de origen estadounidense).
Estaba previsto que dicha moción, propuesta por el Partido Popular, saliera adelante con el apoyo del PSOE y Ciudadanos (Cs). Sin embargo, un cambio de última hora hizo que el partido que dirige Pedro Sánchez votase en contra, al igual que el grupo Unidos Podemos, bloqueando la única oportunidad que tenía el sector para continuar con la pesca sin mayores preocupaciones. Que Cs optara por abstenerse tumbó definitivamente la propuesta, pues su aprobación se ha quedado a tan sólo 16 votos de ser aprobada, y la formación naranja está representada en la cámara por 32 diputados.
Desde la Plataforma de Defensa de la Pesca, que nació al calor de la prohibición del Supremo, siguen sin dar crédito a este cambio de jugada, pues la modificación llevaba fraguándose desde hace un año y contaba con el respaldo tanto de socialistas como de ciudadanos, así como de todas las asociaciones de pesca y de las comunidades autónomas afectadas, explica su presidente, Carlos Bueno. Por eso, entienden que el problema es más de lucha política, aunque en esta batalla se vean perjudicadas «en torno a diez millones de personas en España», apunta Bueno.
Una contienda que es aún más cruel en el ámbito andaluz. El viraje del PSOE no sólo ha noqueado al pueblo de Isla Mayor, que siente que le han dado una «bofetada», según apunta su alcalde, el (paradójicamente) socialista Juan Molero, sino que pone contra las cuerdas el plan de control aprobado por la Junta de Andalucía (también socialista) hace casi un año.
La campaña del cangrejo rojo de este año «no se va a ver afectada» –insiste el presidente de la asociación de productores locales Pebagua, Valentín Murillo–, pero lo cierto es que el documento salvavidas de la pesca, transporte y comercialización del cangrejo rojo se queda sin respaldo y a la espera de que un tribunal no le vuelva a dar la espalda. Es decir, el Congreso ha dejado desamparado a un pueblo que vive gran parte del año del cangrejo rojo y con una enorme incertidumbre a una actividad que genera más de 20 millones de euros.
La guerra entre los socialistas está abierta. A pesar de que el actual portavoz de Medio Ambiente en el Hemiciclo, Manuel González Ramos, aseguró ayer que el PSOE presentará «una iniciativa conforme a las directivas europeas de conservación» para que en un plazo breve de tiempo se descataloguen, previo informe científico, «la descatalogación» de aquellas especies que deban disponer de una «consideración especial» por su importancia socioeconómica.
Desde el federación sevillana, su secretaria general, Verónica Pérez, recalcó que los socialistas sevillanos «siempre» iban «a defender a los trabajadores que viven de la pesca del cangrejo rojo y a un sector que es prácticamente el único sustento de vida» de los isleños. Pero Pérez no entra en polémicas y salva la situación apuntando que el grupo socialista en el Congreso ya está trabajando en «una nueva iniciativa en defensa de la pesca del cangrejo rojo y de otras especies». Y aprovecha para lanzar un dardo envenenado al PP, criticándolo de presentar una «chapuza legislativa».
No piensa igual el alcalde de Isla Mayor, quien asegura que «el único (partido) que ha dado la cara por la sociedad con esta ley es el PP», acusando a la dirección nacional de su partido (recordemos que es afiliado del PSOE) de haber «dejado tirados» a sus vecinos, quienes están contando los días para que empiece una de sus grandes campañas agroalimentarias, junto a la del arroz. Molero es tajante criticando a su partido (a nivel nacional, eso sí; pues valora muy positivamente el esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía para poner en marcha el plan de control). Les acusa de haber cometido una injusticia que mande «al garete» el trabajo de más de u año» por «radicalizarse en favor de los ecologistas», y opina que su partido tendría «que haber votado a favor, y luego presentar todas las enmiendas que hubiera querido para modificar la ley, como estaba previsto en un principio».
Por su parte, el Partido Popular (artífice de la propuesta de ley denegada) no desaprovechó la oportunidad de desollar a su principal opositor. La presidenta de los populares en Sevilla, Virginia Pérez, acusó a los socialistas de dar «un portazo al medio de vida de más de 400 familias de las marismas de la provincia de Sevilla», al negarse a aprobar la proposición no de ley presentada por el PP para permitir la pesca del cangrejo rojo, entre otras especies.