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Un trabajador de Recilec trabajando en una de las máquinas que la empresa tiene para reciclar en su planta de Aznalcóllar. / El Correo -
Un operario de Recilec conduce una carretilla eléctrica. / El Correo -
Una cinta transportadora de Recilec. / El Correo
En torno a dos tercios de los productos eléctricos y electrónicos que desechamos no se recicla convenientemente. Electrodomésticos, televisores, componentes informáticos, teléfonos móviles, lámparas bombillas, luminarias, y un largo etcétera de aparatos que llevan componentes eléctricos o requieren de electricidad para su funcionamiento, son depositados en puntos no autorizados o vendidos como chatarra, lo que supone una incorrecta gestión, proceso que entraña graves riesgos para la salud y la calidad ambiental.
En Aznalcóllar se localiza la empresa Reciclado de Componentes Electrónicos, SA –Recilec–. Pionera en Andalucía, es el principal gestor autorizado a nivel nacional para el tratamiento, reciclaje y recuperación de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), además de ser la única planta en España con capacidad y procesos para tratar cualquier tipo de estos residuos.
Creada en 2005, nace tras una experiencia piloto llevada a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en aplicación de la normativa europea para la recogida selectiva de productos electrónicos. Los resultados aconsejaban invertir en este sentido, dando lugar a Recilec, planta con capacidad para gestionar cualquier residuo electrónico en Andalucía. Con unas instalaciones totales de 27.000 metros cuadrados, gestionan anualmente en torno a 20 millones de kilos de residuos, clasificados según su tipología, el proceso de reciclaje, la recuperación de subproductos que vuelven a la industria –plástico, hierro, cobre– y los productos contaminantes que contienen que hay que tratar de forma conveniente – gases, metales pesados ...–. Su accionariado lo componen Fomento de Construcciones y Contratas (FCC, al 37,5 por ciento), Indumental Recycling (empresa vasca pionera en España en la recuperación de residuos electrónicos, también con el 37,5 por ciento de capital) y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, con una participación del 25 por ciento. Las tres entidades componen el consejo de administración, que determina las decisiones estratégicas de la empresa. El consejo delega la gestión ejecutiva en el gerente, Lorenzo Díaz, y a tres direcciones: comercial y de marketing, producción y administración y recursos humanos.
Su ubicación en Aznalcóllar se debe a «una cuestión estratégica. Tras el desastre de la rotura de la balsa de la mina, tras la recuperación medioambiental se quiso recuperar la industria, creando el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía (PAMA), donde se encuentra la planta de Recilec», señala Daniel de la Torre, director comercial. Cuenta la empresa con un centro de almacenamiento y consolidación en Loja (Granada), que da servicio optimizado para la zona oriental de Andalucía, haciendo eficaz y eficiente la recogida y el transporte de residuos hasta Sevilla.
En la planta se desarrollan distintos procesos diferenciados en distintas líneas de tratamiento para el reciclaje, según la tipología del residuo, de la complejidad y del contenido de sustancias peligrosas.
Recilec realiza la recogida –en puntos limpios municipales, comercios colaboradores, sistemas integrales de gestión–, y el transporte hasta Aznalcóllar. Cumpliendo con la legalidad vigente, realizan la gestión documental asociada a la logística, «que garantiza la trazabilidad del residuo, queda perfectamente identificado de dónde procede y a dónde va y se garantiza su correcto tratamiento medioambiental, almacenamiento, tratamiento, descontaminación, valorización y desmontaje», dando así un servicio integral en el tratamiento de productos eléctricos de desecho.
El proceso se sufraga en base al principio de que «quien contamina paga, fijando la responsabilidad del productor». El productor, fabricante o comercializador, tiene responsabilidad de establecer un sistema que garantice la recogida cuando se convierta en residuo y su correcto tratamiento medioambiental. Y ello repercute en el usuario, que en el precio que abona está pagando la recogida y el reciclaje.
De manera general, el proceso implica separación de los residuos según tipología y su inclusión en la línea determinada que corresponda. En su línea, primero se descontamina, es decir, se extraen las sustancias peligrosas para garantizar que acabarán en gestores finales autorizados y de este modo garantizar que no se va a producir afección negativa al medio ambiente o a la salud personal. Posteriormente el residuo entra en líneas de tratamiento que permiten recuperar hasta el 90 por ciento de materiales (plástico, metales, vidrio, aluminio, cobre, e incluso metales preciosos o los elementos denominados tierras raras de alto coste y valor).
Las normativas, tanto europea como española, prevalecen la protección de la salud y del medio ambiente y, tras asegurarlos, apostar por la recuperación. Por ello, dentro de la estrategia de economía circular es clave recuperar esas materias primas para evitar extraerlas de la naturaleza ni depender de terceros productores.
El ámbito de actuación de Recilec se centra en Andalucía, si bien la empresa tiene capacidad para gestionar residuos de Extremadura, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Con ello, la empresa no se plantea planes de expansión. «La clave no es tanto ampliar el ámbito de actuación como conseguir extender la cultura y la formación ciudadana para el reciclaje de residuos electrónicos, así como implicar a empresas, administración, fuerzas del orden, puntos limpios, comercios, transportistas y demás agentes implicados en la gestión de residuos en potenciar las redes de recogidas legales y conseguir así frenar los canales paralelos de gestión ilegal», explica De la Torre.
Los robos en los puntos autorizados de recogida, los canales de gestión ilegales – chatarrerías, mercado negro, o incluso mafias que venden a países con normativas menos exhaustivas– están suponiendo el principal inconveniente en la óptima gestión de este tipo de residuos y el tratamiento adecuado de las sustancias contaminantes. Además de los efectos de la crisis –que provocó una menor renovación de productos electrónico– «se redujo la cantidad de residuo gestionada en un 40 por ciento, cifra que se justifica por el descenso del consumo, pero sobre todo por la gestión ilegal», dice. Todo ese residuo que se ha dejado de introducir en las plantas conlleva en definitiva que no se llegue al objetivo fijado para amortizar la inversión, con consecuencias directas para el empleo. De hecho, la planta aznalcollera llegó a superar los 70 trabajadores y actualmente emplea en torno medio centenar. «Y no solo afecta al empleo directo en la planta, sino en toda la economía que acompaña, como empresas de transporte o cualquier actividad auxiliar que implica esta industria», señala.
Pero, sobre todo, los mayores perjuicios son para el medio ambiente y la salud. Las sustancias que contienen estos residuos son tóxicas. «No son impactos banales, sino que generan problemas de salud. Deberíamos de preocuparnos porque el residuo no vaya por canales que no garanticen la adecuada gestión medioambiental. Los gestores ilegales no son conscientes de que manipulan residuos que contienen sustancias peligrosas como plomo, cadmio, mercurio, gases fluorados, hidrocarburos... cada aparato tiene una particularidad que hace que requiera un tratamiento específico que solo se puede dar en instalaciones autorizadas», De la Torre.
Falta, igualmente, conciencia de reciclaje para este tipo de productos. «No solo por su recuperación, sino por el grave impacto de los componentes que llevan». La normativa europea recoge una estimación de reciclaje de 4 kilos por habitante y año, cifra que en 10 años no se ha conseguido. «Se generan entre 12 y 13 kilos de residuos eléctricos por habitante en España, pero por los canales legales se recogen solo 2 o 3», se lamenta. La venta a personas dedicadas al comercio ilegal, que paga por estos productos para después «canibalizarlos», extraer aquellas materias que pueden ser vendidas, buscando beneficio y «lucrarse a costa del perjuicio económico, medioambiental y para la salud, al manipular y desechar de forma inapropiada el residuo» potencia una economía sumergida «que nada aporta a la sociedad».
Para ello, Recilec cuenta entre sus objetivos la concienciación medioambiental, que lleva a cabo mediante convenios con los agentes implicados para realizar campañas de información en comercios dedicados a la venta de productos electrónicos, así como mediante acciones en soportes tradicionales de comunicación. Actualmente están apostando por trabajar con centros educativos, para inculcar el reciclaje eléctrico desde la infancia y que sean los pequeños los que además transmitan esta necesidad a los padres. Pero, sobre todo «hay que hacer un esfuerzo adicional desde los gestores autorizados, administración y fabricantes para trasladar a la sociedad la importancia de no exponerse a las sustancias peligrosas que los aparatos electrónicos contienen, y que solo su correcta gestión puede asegurar la calidad de la salud y del entorno natural», reitera.