A la cooperativa agrícola Las Marismas de Lebrija le acaba de caer un jarro de agua fría tras el endurecimiento del pago por derechos de emisión de CO2, es decir, por la contaminación que supone la labor industrial de su fábrica de concentrado de tomates, para la que el pasado mes de octubre pedía apoyo político institucional y hasta tres millones de euros con la ilusión de instalar una cocina industrial que posibilitase terminar de transformar las miles de toneladas que, de hecho, exporta cada año a los cinco continentes. Tan solo seis meses después la situación ha cambiado tanto, que la Sociedad Cooperativa Andaluza está sopesando “muy seriamente”, según su presidente, Juan Sánchez, “la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)” si el Ministerio para la Transición Ecológica sigue adelante con la amenaza de sanción si no pagan lo que ya cuesta sus derechos de emisión del dióxido de carbono. Aunque su fábrica esté activa solamente dos meses al año, como en abril toca revisar el precio de la tonelada de CO2, este ha subido en los dos últimos años un 420%, o sea una locura. Para explicarlo con números, si en 2015 el precio por tonelada no llegaba a los 6 euros, ahora sobrepasa los 40 euros, como siete veces más.
La indignación de la cooperativa lebrijana, que teme tener que cerrar o al menos verse obligada a hacer un ERE feroz, proviene de varios frentes: el principal, su denuncia de la “especulación” que permite la Unión Europea desde el año 2005. Según insisten en señalar los cooperativistas lebrijanos, “el comercio de derechos de emisión de CO2 de la UE es el instrumento mediante el que se autoriza a emitir dióxido de carbono y se asignan derechos en función del combustible consumido”. Aunque la medida tiene el teórico objetivo de reducir las emisiones de CO2, lo que ocurre en la práctica es que las grandes multinacionales que pueden permitirse el lujo de pagar, pueden seguir contaminando sin problemas. Además, el escollo que ha de sortearse, según denuncian en Lebrija, no es ya contaminar o no, sino la necesidad de comprar derechos para evitar sanciones y acudir, sin poder, a un mercado sobredimensionado en el que se “solo se mueven con ventaja los fondos buitre que mercadean con estos derechos y los encarecen año tras año”, han asegurado fuentes de la dirección de la cooperativa a este periódico.
Un 9% menos de contaminación
Aunque en la cooperativa trabajan desde hace años con el compromiso de reducir su propia contaminación, mientras que desde la Unión Europea se les obligue a competir con terceros países a los que no se les exigen estas mismas condiciones, lo cierto es que la reducción en la emisión de esos gases contaminantes ha sido hasta ahora de un 9%, un porcentaje que se antoja totalmente insuficiente. Es por ello por lo que la empresa lebrijana, con 41 años de historia, se reconoce “al borde del precipicio” y está clamando al Gobierno por una moratoria que “nos permita pagar los 420.000 euros que nos exigen ya en al menos dos o tres años”, ha declarado el presidente de la entidad, quien ha recordado que a este problema se ha unido la sequía y la competencia desleal de países foráneos a la UE.
Las enormes consecuencias que se derivan de esta crisis no solo las va a sufrir la empresa, insisten en la cooperativa, sino “el consumidor final y, sobre todo, los agricultores, que pierden el control de su producción y cuyo principal peligro es adentrarse ahora en un mercado con peores precios y mayor desigualdad”.
Las Marismas de Lebrija, que acusa al Gobierno central de “asfixiar a las empresas y destruir empleo mientras sigue permitiendo las especulación”, echa de menos una regulación del mercado como existe en Suiza, por ejemplo.