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Fernando Rodríguez Villalobos y Lidia Ferrera, ayer en la Diputación. / El Correo
«El Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad se ha convertido en el eje principal de la gestión diaria del equipo de gobierno de la Diputación», según declaró ayer el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, durante la presentación de la memoria del plan del año pasado. Para avalar esta afirmación recordó que este programa en 2004 contó con un dotación presupuestaria de 17,7 millones de euros y pasó «a los 19 millones en 2005, un 8 por ciento más, hasta llegar a los casi 54 millones en 2017». Es decir, en 12 años se ha triplicado el dinero que se dedica a la cohesión social. Es más, Villalobos indicó que «en el presupuesto de la Diputación de 2018 hay una partida de 59,6 millones de euros para el plan lo que equivale al 63 por ciento de lo presupuestado».
Con esta partida se presta asistencia a los sevillanos que viven en 88 municipios y en dos Entidades Locales Autonómas (ELA) –localidades de menos de 20.000 habitantes–. En concreto, en la provincia en 2017 hubo 49.345 beneficiarios directos de los programas y 144.213 personas que recibieron algún tipo de asesoramiento o apoyo, de ellos 7.459 fueron de ayuda a domicilio, que recibieron un total 2,3 millones de horas de asistencia.
Para poder atender a estos ciudadanos, la Diputación cuenta con una plantilla de 4.009 trabajadores, la mayor parte –3.468– son auxiliares de ayuda a domicilio, «el alma humana, porque son los que mantienen el vínculo con el afectado al ser los que realizan labores doméstica, cambian el pañal al mayor, realizan labores de acompañamiento o hacen gestiones», destacó Villalobos, quien incidió en que las personas mayores quieren estar en su entorno, en su calle, con sus vecinos, «pero para ello necesitan un mínimo de cuidados».
Asimismo, remarcó la labor de los 139 trabajadores sociales, «que son el referente inicial, porque Sevilla es la única provincia de Andalucía en la que todos los municipios de menos de 20.000 habitantes cuentan con uno de estos profesionales».
Respecto al apartado de infancia y familia, en 2017 se dieron ayudas económicas a 1.167 personas, un número que ha crecido, incidió el presidente, con la crisis. Asimismo, fueron tratadas 796 personas, la mayoría menores en potencial situación de riesgo, y se ayudó a 152 ciudadanos sin recursos para afrontar una situación sobrevenida como un desastre en su vivienda.
Además, gracias a este programa, los ayuntamientos contrataron a 4.200 vecinos en situación de riesgo –54 por ciento mujeres y 45 por ciento hombres–, a instancia de los servicios sociales comunitarios.
Otra pata de este plan que destacó Villalobos fue la de la mediación comunitaria, que consiste en resolver las diferencias de convivencia entre vecinos sin necesidad de acudir a los juzgados y que cuenta con el «visto bueno del Consejo Superior del Poder Judicial». Se atendieron 304 demandas y se cerraron 285 casos con un 63,15 por ciento de acuerdo.
Finalmente, entre otras aportaciones del plan, el presidente valoró el apoyo que se dio a 5.825 personas para favorecer su inclusión social.