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La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / EFE
En toda España hay unos 600 municipios cuyos ayuntamientos se encuentran en riesgo financiero al no poder disponer de sus propios remanentes negativos. A pesar de los gastos tan extraordinarios que está generando la lucha contra el COVID-19, más allá de la solidaridad popular, estos consistorios no están autorizados de momento a usar ese dinero de la deuda que han conseguido reducir en los últimos años, desde la última crisis financiera que empezó en 2008. El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 20 de octubre el uso del resto de los superávits de 2019, de los remanentes acumulados e incluso relajaba las reglas fiscales para este año y el que viene para los ayuntamientos con números positivos. Los asfixiados, sin embargo, no pueden usarlos, lo que ha llevado hoy al vicepresidente tercero de la FAMP (Federación Andaluza de Municipios y Provincias), Juan Manuel Valle (IU), a la sazón alcalde de uno de estos pueblos, Los Palacios y Villafranca, a denunciar “la situación de desigualdad” con la estos ayuntamientos están haciendo frente a las consecuencias económicas, laborales y sanitarias de las pandemia provocada por el COVID-19, ya que se trata, según Valle, de “ayuntamientos en una difícil situación financiera que no cuentan con ahorros en los bancos para poder financiar los gastos extraordinarios imprevistos que se están generando durante el año 2020”.
No han podido: desde 2012, cualquier mejoría financiera no ha podido destinarse al ahorro, sino a pagar deuda, en muchos casos heredada, y de la que el ciudadano, sea el de un pueblo saneado financieramente o no, no tiene la culpa. Los asfixiados están afrontando “a pulmón”, según Valle, “numerosos gastos ocasionados por las tareas de limpieza y desinfección, de suministro de mascarillas a la población, de refuerzo de la limpieza en los colegios, el incremento de ayudas de emergencia social o incluso de la adaptación tecnológica de los servicios municipales en este nuevo escenario”.
El también alcalde de Los Palacios y Villafranca ha puesto de ejemplo su propio ayuntamiento. Su original remanente negativo de -25 millones de euros ha llegado este pasado ejercicio a -7´9. Sin embargo, argumenta, “esos 17 millones que son los remanentes que podíamos dedicar a obras, por ejemplo, no podemos usarlos, porque como al fin y al cabo sigue siendo negativo, todo nuestro esfuerzo de estos años se ha ido para pagar deudas a los bancos”. Eso les ha ocurre a decenas de municipios en toda Andalucía, aunque destaquen especialmente el de Jaén capital, el de los municipios gaditanos de Jerez de la Frontera, La Línea y Puerto Real, o el de El Ejido (Almería).
En este sentido, Valle ha hecho un llamamiento de “alerta” e insta al Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios para que se pongan de acuerdo y “desbloqueen de una vez el resto de medidas anunciadas que aún no han entrado en vigor y que permitirían que llegasen las ayudas a los ayuntamientos que lo están pasando peor”. Por ejemplo, la posibilidad de convertir los préstamos a corto plazo (a devolver en un año) en préstamos de largo plazo (hasta diez años), lo que supondría “un alivio importante”; o que las Diputaciones provinciales auxilien definitivamente a los pueblos con menos de 20.000 habitantes y a los que estén en riesgo financiero mediante préstamos en condiciones ventajosas o con transferencias directas de dinero; o, sobre todo, “ese famoso fondo que inicialmente iba a ser de 5.000 millones de euros y que se ha quedado en 3.000”, procedente de la Unión Europea. De esos 3.000, un total de 200 millones se ha anunciado que iban a destinarse, mediante una discriminación positiva, a ayuntamientos en riesgo financiero. “Pero necesitamos que esas medidas se concreten ya”, insiste Valle.
“La gente lo está pasando muy mal”
Juan Manuel Valle ha insistido en que “la gente lo está pasando muy mal, independientemente de las cuentas de sus ayuntamientos, y los alcaldes necesitamos que se ponga fin a esta discriminación y se desbloqueen ya las líneas de ayudas pendientes”. “No es justo que en un momento tan grave estén bloqueadas por dimes y diretes de unos y otros, por cierta infantilización de los políticos”, ha insistido.
Solo así “podría garantizarse que todos los municipios de España puedan hacer frente a la crisis en condiciones de igualdad y que todos podamos articular medidas orientadas a combatir el desempleo, a dar respuesta a la exigencias sanitarias, a apoyar a nuestros tejidos empresariales o a atender la emergencia social en la que se encuentran cientos de familias”, ha sentenciado.