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El observatorio astronómico se sitúa en la finca La Traviesa de Almadén de la Plaza. / F.J.D.
El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, manifestó que su departamento incorporaría la gestión del observatorio astronómico de Almadén de la Plata al Plan de Gestión Integrada de la Sierra Norte, en el caso de que el Ayuntamiento solicitase la «rescisión» del acuerdo de 1999, gracias al cual la administración andaluza cedió al Consistorio parte de la finca bautizada como La Traviesa, para construir el mencionado observatorio.
La última novedad deriva de una pregunta escrita de Podemos en el Parlamento acerca del futuro del recinto. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, emitió una contestación en la que recuerda que la gestión del observatorio de Almadén «es competencia del Ayuntamiento». En su respuesta, recogida por Europa Press, Fiscal señala que la cesión de los terrenos donde se asienta el observatorio está «vigente hasta 2019, con posibilidad de ser prorrogada anualmente hasta 2049». De esta manera, precisó que las actuaciones que competen a la Junta sobre el recinto son sólo «de tipo patrimonial», Fiscal expone que «en caso de que el Ayuntamiento solicite la rescisión del acuerdo de cesión de 1999, la Consejería procederá a incorporar la gestión del observatorio al Plan de Gestión Integrada de la Sierra Norte de Sevilla».
El proyecto nació en 1996 de la mano de la Asociación Astronómica de España y acogido por el entonces alcalde, José Luis Vidal (PP). En 1999, la Junta cedió al Consistorio 900 metros cuadrados de la finca La Traviesa para el recinto, que se estrenó en 2007 tras cuatro años de obras. A partir de ahí, su gestión estuvo sujeta a un conflicto que ha llegado a los tribunales.
Aunque se acordó en principio que la Asociación Astronómica de España gestionase el observatorio, con la llegada a la Alcaldía del PSOE dio un giro: se le despojó de esa gestión, que fue a parar a una empresa de aventuras medioambientales. La Asociación Astronómica regresó en 2011, con la vuelta a la Alcaldía de Vidal, que firmó en 2012 un acuerdo con la entidad e incluso convocó un concurso público. Las elecciones de 2015 se saldaron con el retorno del PSOE, con Felicidad Fernández como alcaldesa. Cuando la mesa de contratación había propuesto que la gestión fuese adjudicada a la asociación, el Consistorio optó por desistir.
El Gobierno local esgrimía un informe de la Diputación de Sevilla, según el cual el mencionado concurso «pudo incurrir en infracción», como conceder una gestión a 15 años cuando la cesión expira en 2019. La asociación impugnó la decisión, que consideró una «represalia». Al respecto, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla emitía recientemente una sentencia admitiendo parcialmente el recurso de la entidad y ordenando al Ayuntamiento que «retrotraiga» las actuaciones administrativas.