Los alcaldes que luchan contra «el desmantelamiento de la sanidad pública» buscan otros apoyos

La plataforma de 89 alcaldes ha elegido esta mañana en Diputación a ocho de ellos para conformar la coordinadora y piden una reunión urgente al presidente de la Junta o al consejero de Salud

Álvaro Romero @aromerobernal1 /
17 ene 2022 / 18:24 h - Actualizado: 17 ene 2022 / 18:27 h.
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Un total de 89 alcaldes y alcaldesas de toda la provincia de Sevilla y de todos los colores políticos –a excepción del PP- se han reunido esta mañana en la Diputación de Sevilla para aprobar un manifiesto en el que aseguran que no pueden permanecer “impasibles” ante “el grave deterioro del sistema sanitario público, que se ha acelerado en los últimos meses” y que afecta de un modo cada vez más serio al bienestar de sus vecinos. Los regidores recogen las protestas que ya formulaban los usuarios de los centros de salud al poco de comenzar la pandemia del COVID-19. El problema es que han pasado casi dos años y la situación de colapso continúa. En este sentido, los alcaldes denuncian “las largas colas en las puertas de los centros de salud, la imposibilidad de acceso a las consultas de atención primaria”, que a su vez está provocando un colapso en los servicios de urgencias; los cambios de adscripción hospitalaria que está generando un gran malestar en las localidades afectadas, como es el caso de Utrera, cuyos vecinos dependen ya y contra su voluntad del ya de por sí colapsado Hospital de Valme, y, en definitiva, “del desmantelamiento de servicios y el cierre de plantas hospitalarias”.

En la reunión de esta mañana en Diputación, plataforma ha elegido a la coordinadora, integrado por ocho alcaldes: el de Utrera, José María Villalobos; el de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU); la de Osuna, Rosario Andújar (PSOE); el de Bormujos, Francisco Molina (PSOE); el de Coria del Río, Modesto González (Andalucía por Sí); la de Espartinas, Cristina Los Arcos (PSOE); el de Villaverde del Río, José María Martín (PSOE); y el de Peñaflor, José Ruiz (Adelante).

Próximas protestas

Los miembros de la plataforma han aprobado por unanimidad el manifestó y han abordado las próximas acciones reivindicativas. En una rueda de prensa posterior, los regidores de Utrera, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca y Osuna han informado de que la plataforma va a solicitar inmediatamente una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y en su defecto con su consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y han insistido en que la delegada territorial de Salud, Regina Serrano, “no es una interlocutora válida”. Precisamente la semana pasada ya tuvo lugar un desencuentro entre Serrano y los alcaldes representantes de la plataforma, pues ella los citó por videoconferencia y todos los alcaldes le explicaron al día siguiente que no podían erigirse en representantes de la plataforma hasta que esta se constituyese oficialmente y eligiera a sus portavoces, cosa que ha ocurrido hoy. Los alcaldes interpretan que “no es una interlocutora válida” por la “envergadura del problema”, han dicho a este periódico. “No se trata de un problema en algunos municipios o en una planta de este o aquel hospital, sino que es un problema generalizado en Andalucía que merece una reunión con el máximo responsable”.

Por otro lado, los regidores de la plataforma han anunciado contactos con los próximos días con diferentes colectivos y entidades para abrir las reivindicaciones de los regidores en materia de sanidad al mayor número posible de agentes sociales.

Los representantes municipalistas advierten de que la situación de la atención primaria es “crítica” y establecen a la Junta de Andalucía diez prioridades para hacer frente al colapso sanitario: reforzar inmediatamente las plantillas en los centros de salud, la reapertura de las urgencias que permanecen cerradas, un plan de digitalización de la atención primaria, condiciones laborales dignas para fijar a la plantilla sanitaria en el territorio, un plan de inversiones para modernizar las infraestructuras, aumentar las unidades de salud mental, revertir las modificaciones de adscripciones hospitalarias y un gran pacto social y político para la sostenibilidad futura del sistema público de salud con recursos económicos suficientes.


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