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El alcalde palaciego, durante la firma de créditos para liquidar la deuda con proveedores. / El Correo
«Nos han dado gato por liebre», resumía ayer el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU), al tiempo que hacía un llamamiento a todos los ayuntamientos de España para luchar unidos contra «la injusticia» de pagar dos veces los intereses contraídos con aquellos acreedores a los que ya se les pagó gracias al Plan de Pago a Proveedores que promovió el Ministerio de Hacienda en 2012.
Aquel plan obligó a los consistorios a endeudarse con los bancos para pagarles lo que les debían a sus proveedores. Desde entonces, la deuda comercial de las corporaciones locales se convirtió en deuda bancaria, con sus intereses. Los proveedores, por su parte, aceptaban, voluntariamente, renunciar a los intereses de demora con tal de cobrar.
Sin embargo, dos juzgados en Valencia y Murcia y finalmente el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Sevilla vienen dictando sentencias desde al año pasado en las que condenan a las administraciones públicas a pagar ahora –al cabo de cuatro años– también los intereses a los que los propios proveedores llegaron a renunciar, por entender que no se ajusta a derecho y vulnera directivas del Parlamento Europeo por las que se establecían medidas de lucha contra la morosidad. «Esto es una bomba de relojería a nivel nacional que dará al traste con todos los planes de ajuste y desbaratará todos los esfuerzos», se queja Valle, que ya ha calculado que en su consistorio costará siete millones de euros y en el conjunto del Estado supondrá un montante total de 3.000 millones.
«La rebaja que suponía la renuncia a intereses fue uno de los logros anunciados a bombo y platillo por el Gobierno», ha recordado, en consonancia con el asombro de «otros alcaldes con los que he hablado» e incluso con la advertencia del secretario general del PSOE en la Sierra Sur, Juan Antonio Jiménez Pinto, de que «el 55 por ciento de los ayuntamientos de la provincia no podrá pagar la deuda si las empresas reclaman también los intereses». Valle prepara una moción para instar al Gobierno a litigar para solucionar «el problema que se nos viene encima a los ayuntamientos».