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El alcalde palaciego inaugurando la nueva sede del Juzgado de Paz, hace dos años.
Decir que Los Palacios y Villafranca, actualmente con 38.500 habitantes, lleva al menos veinte años luchando para contar con un Jugado de Instrucción y Primera Instancia no es ninguna exageración. De hecho, en el año 2002, el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley en la que se instaba a la Junta de Andalucía a pedir a Madrid la reforma de la ley por la que fuera posible la conversión de este municipio en partido judicial independiente de Utrera. Mucho antes, en 1990, se iniciaron las primeras gestiones en el mismo sentido, pero en aquella época, no llegar siquiera a los 30.000 habitantes era un punto en contra, aunque muy poco después se sobrepasara esa población y aunque prácticamente uno de los dos juzgados de primera instancia e instrucción de Utrera se dedicara ya desde entonces a asuntos y conflictos palaciegos. No en vano, estos contribuyen desde hace tanto al conocido colapso de los juzgados utreranos. En el año 2009, el Ayuntamiento palaciego recabó estadísticas de los delitos penales y civiles para volver a insistirle al Gobierno en su juzgado, ya que aquel año se reformaba la Ley de Demarcación y Planta Judicial que lo hubiera hecho posible. Pero tampoco pudo ser. Aquel año empezó a notarse la crisis en todos los niveles.
Ahora, otra década después, y tras el efectivo desarrollo de un Centro Integral de Mediación en el que tanto ha tenido que ver el propio juez de paz, Antonio Hormigo, el pleno palaciego aprobó la semana pasada, por unanimidad, la moción de Alcaldía para dotar al municipio de al menos una Oficina de Justicia que aúne Juzgado de Paz y Centro Integral de Mediación, para lo que se solicitará al Ministerio de Justicia y a la Consejería del ramo de la Junta la creación de esta oficina como “modelo de modernización del Sistema de Justicia”. En rigor, lo que hace la moción es tomarle la palabra al propio programa de Justicia 2030 que hablaba de “aunar tres proyectos estrechamente vinculados entre sí: los tribunales de primera instancia, las oficinas municipales y la oficina digital”. El equilibrio sigue siendo históricamente el mismo: hace falta un Juzgado en Los Palacios y Villafranca, independientemente del Partido Judicial de Utrera al que pertenece, pero cada vez que se ha intentado ha sobrevenido una crisis.
La petición es ahora, por tanto, más modesta y realista, y del acuerdo plenario del pasado jueves se ha dado traslado al Ministerio, a la Consejería, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Juzgado decano del Partido Judicial de Utrera. Desde la Corporación palaciega se argumenta que el pueblo “sufre los retrasos e incidencias del Partido Judicial al que pertenece”, hechos que han sido repetidamente denunciados por el plenario y por los diferentes operadores jurídicos en el Colegio de Abogados de Sevilla, en el CGPJ, en el Defensor del Pueblo Andaluz e incluso en la Comisión de Justicia de la Unión Europea. Carencia de medios, dilación de cualquier procedimiento y desplazamientos innecesarios son el día a día para cualquier ciudadano palaciego dependiente de los Jugados utreranos.
Según el propio Ministerio de Justicia, las Oficinas de Justicia supondrán “una nueva herramienta con la que facilitar las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia y evitar desplazamientos a cabeceras de partido judiciales o a la capital”. Se trata de ofrecer al ciudadano información, asesoramiento y servicios en la tramitación. La nueva Oficina de Justicia, por tanto, podría aunar el trabajo que ya se realiza en el Juzgado de Paz y el que se hace en el Centro Integral de Mediación y convertirse en un mecanismo que transforme los tradicionales Juzgados de Paz para ser un primer contacto de la ciudadanía con la Justicia.
En Los Palacios y Villafranca advierten ya que están lo suficientemente preparados para las próximas novedades legislativas: sean del Ministerio con la creación de las Oficinas de Justicia, gracias al Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia; o sean de la Consejería de Justicia de la Junta con el decreto para regular la mediación o la deseada primera ley integral de mediación en Andalucía para incorporar de una vez por todas y en todos los ámbitos sociales la llamada Cultura del Diálogo.