De los 28 focos que se han detectado hasta ahora en Andalucía, 6 están localizados en la provincia de Huelva y los otros 22 en la de Sevilla, de los que 10 se corresponden con la Sierra Sur sevillana. Cada uno de estos 10 focos tiene un radio de 10 kilómetros que corresponden a la zona de vigilancia y en la que se han visto afectadas cerca de 90 explotaciones avícolas. Esto, supone más de 100 familias que de forma directa se han visto obligadas al cese de actividad. Otros negocios les afecta de forma indirecta ya que trabajan para este sector.
Los afectados han recordado que son ya casi dos meses desde el primer foco (detectado el 14 de Febrero en el municipio de Gilena) y, aunque la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, no ha dado plazos aún, se estima que no podrán regresar a su actividad antes de julio.
A esto, hay que sumarle el tiempo de cría de las aves y posterior pago de la camada, por lo que se estima que no vuelvan a percibir ingresos hasta finales de octubre o principios de noviembre siendo optimistas. Todo esto son suposiciones del sector, ya que después de varios intentos por parte de los avicultores, la Junta no ha accedido aún a reunirse con ellos.
Problemas anteriores
No hay que olvidar que este sector ya estaba siendo afectado por el incremento en los costes de producción, sobre todo en la factura de la luz y el gas que se han visto incrementados en un 300 %. Sin embargo, sigue percibiendo el mismo precio por el producto mientras que el consumidor sufre su incremento.
Con este panorama, este sector prevé unas pérdidas que rondan los 50.000 euros por explotación a las que hay que sumarle la necesidad de seguir pagando el mantenimiento de la explotación avícola cerrada. Hay que abonar en su totalidad la cuota de autónomo, el seguro, la hipoteca, la factura de luz, etc. Además, a esto se le añadiría los impuestos municipales y estatales.
Escrito ante Junta y Gobierno
Por todo ello, los afectados van a presentar un escrito ante la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en el que solicitan a activación de lucro cesante en las explotaciones obligadas a su cierre, aplazamiento de préstamos personales e hipotecarios y cualquier otro gasto que conlleva tener una explotación avícola en cese de actividad. Además, el sector avícola de España, está pidiendo la aplicación de la ley de la cadena alimentaria de no vender por debajo de los costes de producción y pide al gobierno que medie entre avicultores e integradoras, que también están asumiendo pérdidas, con los comercios.