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Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo apoyaron a los sindicalistas juzgados por un piquete en Los Corrales. / Raúl Caro (Efe)
La Fiscalía de Sevilla ha rebajado de 65 años a seis meses la petición de cárcel para los 14 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de participar en un piquete a través del que supuestamente amenazaron e impidieron la entrada de varios profesores al instituto Entrepuentes de Los Corrales durante la huelga general de 2012.
La decisión se produjo durante la vista oral del juicio que tuvo lugar este miércoles y donde, según afirmó el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, no se presentaron «pruebas objetivas que acrediten y respalden» el informe realizado por el sargento de la Guardia Civil, «único elemento en el que se apoya la acusación» y que había provocado la petición, en un primer momento, de cuatro años y medio de prisión y una multa de 5.400 euros para todos los acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores, llegando a solicitar también dos años de cárcel adicionales para otro de los imputados por un delito de atentado, y el pago de una multa de 180 euros por una falta de maltrato.
En total, las penas sumaban 65 años de cárcel que, finalmente, se han reducido a seis meses para uno de los acusados, en concreto, el exconcejal de Los Corrales Manuel Velasco (IU), si bien la Fiscalía mantiene la petición de multa de 20 meses a razón de seis euros diarios para el conjunto de sindicalistas.
Reina apuntó que los testigos citados a declarar reiteraron «el desarrollo pacífico de un piquete que quería extender la huelga general a los profesores que acudieron» al instituto, donde «no había ningún alumno», puesto que el seguimiento de la huelga en esta zona de Sevilla «fue del 100 por cien». Asimismo, la defensa de los acusados cuestionó el mencionado informe de la Guardia Civil en el que se les acusa de «obstaculizar» la entrada al centro educativo mediante la colocación de una cadena en la puerta, así como de insultar, empujar o amedrentar a los docentes que acudieron a trabajar en esa jornada.
Los imputados, por su parte, negaron los hechos, e insistieron en que su intención «no era insultar a nadie, sino únicamente informar para que se sumaran a la huelga a través de un piquete informativo, que es totalmente legal», añadiendo que en el lugar de los hechos «había más guardias civiles que miembros del piquete».
Hay que recordar que este juicio estaba previsto para el pasado 26 de octubre de 2015, si bien fue aplazado a ayer debido a que no se pudo reproducir un vídeo aportado por la Fiscalía como prueba y que fue grabado por las cámaras del IES. No obstante, el portavoz nacional del SAT señaló que el visionado no llegó a realizarse en la vista oral.