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El alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, apoyando el referéndum de Cataluña. / EFE
El portavoz del Grupo socialista del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), Mariano Pradas, ha denunciado ante la Fiscalía al alcalde del municipio, el veterano líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), por presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos individuales. Según Pradas, el alcalde ha incumplido tres veces su obligación de convocar un pleno ordinario al final de cada trimestre y “abusa” de las convocatorias extraordinarias de manera “arbitraría”, mermando sus derechos como edil de la oposición.
En su denuncia, formalizada este mismo jueves y recogida por Europa Press, Pradas recuerda que al comienzo del vigente mandato municipal, el pleno del Ayuntamiento de Marinaleda acordó celebrar sus sesiones ordinarias “al final de cada trimestre natural”, si bien la última vez que el Consistorio celebró un pleno de carácter ordinario fue “en diciembre de 2016”. Señalando que el alcalde habría de haber convocado sesiones ordinarias del pleno en marzo, junio y septiembre, Pradas señala un “incumplimiento” de la periodicidad acordada para las sesiones ordinarias del pleno.
En lugar de ello, según Pradas, Juan Manuel Sánchez Gordillo “abusa de las convocatorias extraordinarias y urgentes” del pleno, de manera totalmente “arbitraria”. El portavoz socialista, igualmente, avisa de que esta situación se daba ya en el anterior mandato y que el alcalde ya ha sido objeto de “insistentes requerimientos” del PSOE y por tanto “conoce” las discrepancias respecto a su proceder.
En cualquier caso, el portavoz socialista ve “limitado” sus derechos como concejal de la oposición y atisba un presunto delito de prevaricación omisiva al no convocar el alcalde los plenos ordinarios “a sabiendas” de ello, para “saltarse los controles” relativos a la acción de gobierno de manera “sostenida en el tiempo” y plenamente “arbitraria”.
Además, el portavoz socialista achaca a Sánchez Gordillo un presunto delito contra los derechos individuales, al ver “mermado” su derecho a la participación en los asuntos públicos como concejal de la oposición.