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Una de las muchas protestas que realizaron los intérpretes de signos de Canal Sur TV. / El Correo
La huelga de 126 días que protagonizó la plantilla de intérpretes de lengua de signos de Canal Sur TV entre 2015 y 2016 sacó a la luz pública la precariedad laboral que sufre este colectivo. El motivo que echó a la calle a estos trabajadores fue que la empresa Seprotec Traducción e Interpretación SL, que presta el servicio a la televisión pública andaluza, pretendía rebajar los salarios de sus empleados que percibían entre 1.200 y 900 euros brutos al mes. Su oferta era abonar entre 730 y 548 euros brutos al mes. Además de este recorte de los sueldos, la empresa quería que los turnos, que siempre los hacían tres personas por hora, los realizasen solo dos, aumentando, según la plantilla, en un 33 por ciento el tiempo de trabajo en directo. A ello se unía el incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las 12 horas preceptivas de descanso entre jornadas de trabajo. Gracias a su prolongada protesta estos trabajadores consiguieron ser fijos-discontinuos en Seprotec, que los turnos los siguiesen realizando tres personas por turno y que el recorte salarial no fuese tan grande.
Si bien los recortes sociales de estos empleados no se ejecutaron, la remuneración que perciben, según una de las afectadas que prefiere mantenerse en el anonimato, sigue siendo muy exigua para el trabajo que realizan. Explica que ella antes percibía 900 euros netos por 20 horas de trabajo a la semana, mientras que ahora ingresa 840 euros limpios por 30 horas semanales.
Esta intérprete, con la titulación del ciclo formativo superior, explica que estas condiciones de trabajo se deben a que los servicios se externalizan.
Esta trabajadora admite que la larga huelga que realizaron ha servido para que todas las cláusulas sociales las cumpla la empresa a rajatabla, «en esto no tengo ninguna queja», pero insiste en que la remuneración que reciben los intérpretes «por un trabajo que requiere mucho esfuerzo y una preparación previa es muy escaso».
Otras tres compañeras de profesión, que responden a los nombres ficticios de Patricia, Marta y Lucía, también prefieren no dar sus nombres verdaderos, «porque la comunidad sorda es muy pequeña», se quejan de las malas condiciones laborales de los intérpretes de lengua de signos.
Estas tres mujeres con la titulación del ciclo formativo superior y con estudios de magisterio en educación especial, pedagogía y trabajo social se quejan de que su trabajo no está valorado y censuran que cobran poco más de nueve euros brutos la hora, sin importar si se les contrata para trabajar en horario nocturno o en sábados, domingos o festivos.
Remarcan que la mayoría de los intérpretes de lengua de signos también tienen estudios universitarios: «Se necesita tener una cultura muy amplia, porque tenemos que entender muy bien lo que interpretamos».
Uno de los ejemplos que ponen para censurar que su trabajo está infravalorado es que su ciclo formativo superior ya no existe, «ahora es el de técnico superior en mediación comunicativa, donde no se enseñan habilidades para interpretar», remachan.
Aseguran, además, que el ciclo que ellas realizaron fue incluso más duro que la carrera, por lo que no comprenden los problemas por los que atraviesan para encontrar un trabajo estable y bien remunerado. Afean que muchas veces les llaman para trabajar de forma altruista, sin cobrar, «se creen que vivimos del aire», reprochan. Admiten que su trabajo es vocacional, pero reiteran que de ahí a que muchos de los trabajos que les ofrezcan sean a cambio de nada «hay una sustancial diferencia».
Estas tres intérpretes explican que el trabajo que realizan es muy importante para las personas sordas, «porque les somos muy necesarios para ir a un banco, a un médico o a realizar otras gestiones, porque hay veces que estas personas no quieren que les acompañe un familiar para que no se entere de cuestiones muy personales».
Por último, y para demostrar la complejidad de su trabajo comentan que no se habla igual en Córdoba que en Sevilla, por lo que afirman que tienen que estar reciclándose continuamente, porque existe un lenguaje de signos en cada zona.
Lengua oficial
En 2007 el Gobierno aprobó la ley en la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta ley fue un avance, pero las intérpretes Patricia, Marta y Lucía denuncian que no se cumple: «Debería haber intérpretes en todos los estamentos de la administración, pero eso no es así». Otro problema que plantean es que en España se apuesta por la oralización, es decir, enseñar a hablar a los niños sordos, y lo que sucede, según alertan, es que memorizan y no entienden lo que dicen, «son como loros». Por ello no entienden que hasta Secundaria no cuenten con un intérprete de signos.