Que la Justicia es lenta hasta la desesperación parece un tópico que, en ocasiones como esta, se cumple, y con creces. Un abogado sevillano, Fernando Osuna, lleva más de 12 años esperando cobrar una factura de 9.000 euros por sus servicios en el juzgado onubense de Moguer, tras atender en 2008 un caso relacionado con un accidente en el que el denunciado (su compañía de seguros) fue condenado a pagar las costas al letrado, sin que nunca se realizase el ingreso.
El letrado ha informado de que en su día fue requerido para defender a la víctima de un accidente que entonces tenía 55 años, pero su bufete nunca recibió la cantidad contemplada en la sentencia, en un proceso que, como mucho, se tarda dos años en resolver.
El mismo abogado ha presentado numeroso escritos sin respuesta positiva, y ha lamentado que “es incomprensible tal retraso, dado que Moguer no es una ciudad como otras de Andalucía con atasco judicial como Utrera en la que hay un caso que sobresale, cual es el de un tetrapléjico pobre jornalero que tras 12 años aún no ha recibido la indemnización que le corresponde, más de 800.000 euros, habiendo ya una sentencia firme que se la reconoce”.
Varios recursos
Osuna va a plantear una petición indemnizatoria al Ministerio de Justicia, por el funcionamiento anormal de la Administración, ya que al estar amparado por la Ley Orgánica el Poder judicial, que abre esta vía extraordinaria.
Otra medida pasa por presentar un Recurso de Amparo, al ser vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, y una queja al Defensor del Pueblo, entre otras cosas, así como ante la consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.