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El presidente de El Correo de Andalucía, Antonio Morera Vallejo, durante su intervención en el encuentro. / Jesús Barrera -
José Fiscal, consejero de Medio Ambiente. / J.B. -
Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla. / J.B.
Sevilla no tiene sobre su cabeza, por ahora, la espada de Damocles de la sequía que, de manera cíclica y como clima mediterráneo, asoma cada cierto tiempo para recordar a la ciudadanía del consumo respónsale para evitar el mal trago de los noventas, con hasta diez horas de cortes y uso de un agua que en aquella época no reunía las condiciones de calidad. Pero no por ello los embalses están más llenos. La provincia sevillana se libra, pero Andalucía en su conjunto ya está sufriendo las consecuencias de la carestía de lluvias, hasta el punto de que la Junta de Andalucía no sólo ha reunido a comités de gestión que han elaborado 115 medidas como plan de choque, sino que la propia Junta anunciará, en próximas fechas, un decreto de sequía para «declarar la situación de alerta en cada uno de los sistemas hidrográficos».
El aviso lo aportó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, que dio comienzo al encuentro La nueva gobernanza del agua, organizado por El Correo de Andalucía con el patrocinio del Consorcio Provincial de Aguas, junto al presidente de El Correo de Andalucía, Antonio Morera Vallejo, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.
Fiscal recordó que la comunidad autónoma cuenta con un marco que va «desde la mayor abundancia a la falta de disponibilidad». Así, el citado decreto se centrará en las provincias con más falta de recursos hídricos, como Almería o las zonas de Axarquía y Guadalhorce. Allí se aplicarán la mayoría de medidas. Pero también citó el otro lado de la balanza, como es el caso de Huelva, que «es la zona con más porcentaje de agua embalsada del país junto al sistema cántabro».
Pero, de todos modos, la sequía no influye en el cometido principal del encuentro, que pasa por una gobernanza del agua que, según Fiscal, es una «oportunidad» para que la gestión de los recursos hídricos sea «más eficiente y sostenible», con la inclusión de aspectos ambientales y sociales. El consejero remarcó que en Andalucía conviven diferentes administraciones en la gestión del agua –Estado, comunidad autónoma y entidades locales– y un variado número de usuarios, «por lo que debemos ser un ejemplo de coordinación, colaboración y lealtad institucional». Ahí llegó su principal reivindicación. «Los asuntos de agua deberían ser asuntos de estado», aclaró, sobre todo en un mensaje a los grupos que hacen un uso «partidista» de las políticas hídricas. Un mensaje que posteriormente repitió Pilar Navarro, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía.
Fiscal tampoco dejó de mostrar sus números. Tanto los buenos, con unos presupuestos para 2018 que recogen 275 millones para estos recursos –la «mayor partida de su departamento»–, como los más discretos, que es la ejecución sólo del 50 por ciento de las obras de saneamiento y depuración exigidas en el marco de la UE. Un debe que justificó en que es una obra asumida por la Junta al ver que iba a ser «imposible de ejecutar» por los gobiernos locales y que se aplica gracias «a un canon del agua» que tiene un carácter solidario para los territorios más pequeños.
En el limar diferencias entre comarcas tiene un máster la Diputación y, en concreto, su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, un convencido de la discriminación positiva de lo rural para que no existan «territorios de primera y de segunda». El camino pasa por un sistema donde todos los pueblos estén integrados en consorcios, algo que no han hecho todavía 26 municipios sevillanos, la mayoría de la Sierra Sur. Al respecto, Villalobos incluyó entre los asuntos urgentes que la idea es que se unan inicialmente al Consorcio de la Sierra Sur y, posteriormente, al Plan Écija, para «redimensionar una nueva red». De igual manera, anunció el interés en reforzar la garantía de suministro en el Huesna, con un túnel de cabecera que lleve el agua desde el embalse hasta la ETAP, vital para «dar de beber a más de un cuarto de millón de habitantes de 17 municipios».
Villalobos, al que no se le escapa una, aprovechó que estaba sentado con Fiscal para lanzarle un guante: le pidió fecha para una mesa del agua conjunta con presencia del Estado, la Junta, los ayuntamientos, los consorcios y la propia Diputación. Un ofrecimiento que aceptó rápidamente en este foro el consejero del ramo, que alabó «la colaboración estrecha entre las administraciones autonómica y provincial.
En asuntos de gobernanza del agua también entró, y de una manera didáctica, el presidente de El Correo de Andalucía. Antonio Morera Vallejo, tras agradecer a los presentes el acudir al encuentro celebrado el cortijo de la Gota de Leche, dio «gracias a Dios» por «poder beber agua sin darle importancia». «No hay conciencia de agua», remarcó, no sin antes recordar que el 70 por ciento de los recursos hídricos se destinan a la agricultura, frente al 2o por ciento de la industria y un 10 por ciento para consumo humano que, pese a ser un porcentaje menor, tiene un valor «importantísimo».
Por último, defendió el papel del encuentro, patrocinado por el Consorcio de Aguas, como forma de servir de diálogo y unir fuerzas para un consumo responsable.
Modelo del siglo XXI
El colofón del encuentro lo aportó el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán, que puso en contexto que, aunque ahora se hable mucho de la gestión del agua por el último episodio de sequía, el concepto de gobernanza hace tiempo que se trabaja en él. Y así, aunque «nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena», manifestó que es una evidencia que «el modelo de gestión está agotado» y hay que apostar por una gobernanza más adaptada al siglo XXI.