Los afectados por la estafa sufrida en una urbanización de Almensilla (Sevilla) por la que ha sido procesadas 13 personas, entre ellas Julio Mateos Palacios, conocido como el "Dioni" de Almensilla, esperan que el procesamiento ayude a terminar “con una pesadilla que sufrimos hace más de 30 años”.
Es una dura pelea, que se alarga ya con el paso de los años, pero que ahora ha avanzado un poco gracias a que el proceso judicial ha dado un paso de gigante, señalando claramente a las 13 personas que podría ser las responsables del calvario por el que siguen pasando los que confiaron en ellas para solventar el futuro de sus casas.
Uno de los afectados es Julián Añover, un hombre que tiene claro que queda mucho por pelear, y que avisa de que la solución, aparte de por la vía judicial, pasa por la intervención de las administraciones, “que no nos tienen que regalar nada, pero sólo ellas son capaces de gestionar nuestro dinero para la urbanización de todo esto, un millón de metros cuadrados, que se dice pronto”.
“Nos tienen que ayudar”
“Los que se han llevado el dinero lo han podido hacer porque realmente no es gestionable la construcción de una ciudad o un pueblo sólo por particulares”, ha dicho, para reclamar, cuanto antes, la intervención de la Diputación Provincial de Sevilla, “que ya tiene pendiente de cobro a través del OPAEF en vía ejecutiva a los vecinos deudores alrededor de 4,5 millones de euros”.
Una cantidad que, “más lo que se pudiera recuperar, podría servir para saldar deudas y urbanizar de una vez por todas, después de treinta años de locura”.
Lo ha dicho después de la titular del juzgado de Instrucción número uno de Coria del Río (Sevilla) haya acordado procesar al "Dioni" de Almensilla, y 12 personas más, en el caso abierto tras desaparecer 2,5 millones de euros de las cuentas de una junta de compensación de la que él era tesorero.
La magistrada les imputa, aunque no en todos los casos, presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario y de administración desleal, por un desfalco que llevó a Mateos Palacios a fugarse durante más de un año a República Dominicana, de donde fue deportado tras ser capturado.
La instrucción ha finalizado
La decisión de la jueza pone fin a la instrucción, con un procedimiento abreviado que entiende que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de apropiación indebida que atribuye presuntamente a Mateos Palacios, y que extiende al expresidente, al apoderado de un bufete y al gerente de una empresa proveedora.
El ‘Dioni de Almensilla’ fue detenido el 17 de agosto de 2016 en el aeropuerto madrileño de Barajas, tras estar en busca y captura por apropiación indebida de 2,5 millones de euros aprovechando su cargo en la junta de compensación en la localidad sevillano.
Julio Mateos Palacios contaba con una orden de detención europea por haberse apropiado desde el año 2006 de cuantiosas sumas de dinero mientras ejercía el citado cargo, en un desfalco que podría afectar a unas seiscientas familias.
Desde 2006 y hasta mayo de 2015 se fue apropiando presuntamente de cuantiosas sumas de dinero, llegando incluso a reconocer en un correo remitido al secretario-presidente de la citada junta que se había quedado con 2,5 millones de euros recaudados para pagar a una entidad bancaria.
Se estima que el desfalco total podría ascender a más de 3,7 millones, con unas seiscientas familias afectadas.
Se fue a República Dominicana
Las primeras pesquisas revelaron que estaba residiendo en la República Dominicana, lugar desde donde se dedicaba a la comercialización de aceite de oliva a través de las sociedades de las que figuraba como administrador.
Su situación administrativa en aquel país era de ilegal, por lo que las autoridades dominicanas procedieron a su deportación y repatriación, poniendo los hechos en conocimiento de las respectivas Oficinas Centrales de Interpol de Santo Domingo y Madrid.
En el proceso espera que se aclare cómo es posible que alguien resida ilegalmente en un país latinoamericano sin que fuesen controladas a tiempo las actividades delictivas que realizaba desde el otro lado del Atlántico.
También era buscado por otros dos juzgados de Sevilla por un presunto delito de estafa y por un presunto delito contra la salud pública.
Esta última causa se originó al detectarse que algunas de las numerosas empresas en las que ostentaba cargos mercantiles se dedicó a la venta de aceite de oliva virgen extra adulterado que, si bien en un principio ofrecía una calidad a un precio competitivo, finalmente contenía aceite de semillas o de orujo, e incluso aceite lampante, no apto para el consumo humano y que se usa como combustible para lámparas.