Nuevo revés al alcalde: la oposición tumba el límite a los pisos turísticos

La ordenanza propuesta por el grupo municipal popular para limitar el número máximo de viviendas de uso turístico en Sevilla no sale adelante. Su aprobación definitiva se ha llevado la negativa de los tres grupos de la oposición, que se han puesto de acuerdo en su postura en el pleno de este jueves. Sostienen que no se tenían en cuenta las consideraciones realizadas por los vecinos de los barrios más afectados y que la norma no es efectiva para el problema de saturación turística que existe en hasta 11 barrios del Casco Antiguo y Triana, pudiendo producirse un efecto llamada en otras zonas y perpetuando un sistema de explotación de estas viviendas.

Como ya ocurriera para las últimas modificaciones presupuestarias o para la cuestión de confianza, José Luis Sanz ha recibido de la oposición una manifestación en bloque en contra de una propuesta cuyo borrador sí recibió en marzo el voto favorable del PSOE y la abstención del grupo Podemos - Izquierda Unida, además de la negativa de VOX. Pero ahora los grupos de la izquierda han cambiado de opinión hacia el no tras hablar con las asociaciones vecinales.

El Ayuntamiento pretendía que Sevilla fuera la primera capital de Andalucía en aplicar el decreto de regulación de los pisos y viviendas turísticas que aprobó el Gobierno de la Junta de Andalucía a finales del mes de enero. Entonces, se fijaron los mínimos que debía cumplir una vivienda cuyo dueño quisiera destinar a este uso.

"El estudio está desfasado y basado en un análisis incompleto", argumentado la portavoz de Podemos - Izquierda Unida, Susana Hornillo. "No se ha admitido ninguna alegación. Un poco más de respeto a las entidades vecinales", ha asegurado Francisco Páez, concejal socialista, con respecto a su cambio de postura. Y Cristina Peláez, portavoz de Vox, dirigiéndose al PP, ha declarado que "la Junta mandó una patata caliente y ustedes le han dado una patada hacia delante. Queremos que desde ya se inicie un nuevo procedimiento de forma que tenga en cuenta a las asociaciones de vecinos".

El encargado de transmitir la postura socialista, Francisco Páez (su portavoz, Antonio Muñoz, se ha ausentado por motivos personales), ha pedido una reunión para no levantarse "hasta que saquemos una regulación que limite realmente la proliferación de viviendas turísticas". Y Juan de la Rosa, el delegado de Urbanismo, ha aceptado "cerrar" una nueva alternativa el lunes a las 9:00 pero lamentando que sea "perder más el tiempo" porque "el marco normativo es el que tenemos".

La situación analizada

En base al decreto de la Junta de Andalucía y a los informes realizados por la Gerencia de Urbanismo, el consistorio presentó una ordenanza para regular que no se otorgasen más licencias para este tipo de viviendas en 11 barrios del Casco Antiguo y Triana, donde estos pisos superan el 10% del parque de alquiler de la zona.

También contemplaba un control exhaustivo de las licencias y de sus anuncios en plataformas, un trabajo en el que el Ayuntamiento, según fuentes municipales, confiaba en trabajar de la mano de la Consejería de Turismo.

En Sevilla, estas viviendas suponen más del 50% de las plazas de alojamiento turístico, creadas, sobre todo, en el período 2016 y 2024, y se concentran en Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil, San Vicente o Triana. En este perímetro de la ciudad, a día de hoy, hay unas 2.500 viviendas más de las que estarían permitidas.

Petición de retirada del orden del día

Los tres grupos de la oposición han intentado en tres ocasiones que el punto no se votara en el pleno y se retirara del orden del día. En la Junta de Portavoces de este miércoles lo solicitaron, en una reunión previa al pleno también, y ya llegado al punto las formaciones se acogieron al artículo 60.2. Sin embargo, el presidente del pleno, Álvaro Pimentel, anunciaba que "a la vista del artículo 60, la presidencia entiende que no puede admitir la retirada pues no están justificados los motivos formales dado que el expediente está terminado". "Se va a comenzar el debate de este punto", procedía a dar orden.

La oposición ha pedido la retirada del punto en el orden del día pero la solicitud ha sido rechazada

Hornillo ha defendido que había "un defecto de forma" al no estar contenidas "las alegaciones presentadas en el procedimiento", no valorarse "la presión turística real" y que el Ayuntamiento "no explotase todo lo que tiene a su alcance provocando un efecto llamada". También pedía una moratoria.

Por su parte, Peláez ha argumentado que "se perjudica al pequeño propietario y no defiende al vecino" y que decían "no a una degradación de nuestros barrios". Y en el PSOE, Páez ha asegurado que "un señor registró una alegación y no se le dio respuesta ni aparece en el expediente" así como una posición en contra de "un número importantísimo de asociaciones vecinales".

Juan de la Rosa ha catalogado este intento de "esperpéntico" defendiendo que "el expediente está completo desde hace muchísimo tiempo", que obedece a un "discurso político" y que "está rozando el fraude legal". "Esto es un circo político", concluía.

Los motivos de la oposición

¿Por qué los tres grupos de la oposición se han posicionado en contra de la ordenanza propuesta por el Partido Popular? Todo se puede resumir en que entienden que el análisis que se hizo ha quedado "desfasado", que no incluye las alegaciones de los vecinos, y que se queda solo en viviendas de uso turístico sin tener en cuenta apartamentos turísticos.

Hornillo ha expuesto que se hace un análisis "incompleto y la observación empírica afirma que la ciudadanía no puede más". Para este grupo, el consistorio "tiene herramientas jurídicas para frenar esta barbarie" y no se está teniendo en cuenta que "la suma con viviendas turísticas es el 67% de la oferta hotelera, por encima de los hoteles". "Exigimos una moratoria", proseguía.

Que "es ineficaz frente al objetivo que se afirma perseguir" porque "va a conllevar que las viviendas de uso turístico se vayan extendiendo" ha sido el principal argumento de Cristina Peláez, portavoz de Vox. "Solo se limitan las viviendas de pequeños particulares. La mayoría son personas jubiliadas que buscan ingresos extra a su pensión", ha añadido. A cambio, ha propuesto "un nuevo procedimiento" y "una moratoria mientras", ya que "la Junta lleva un decreto que lleva a na herramienta defectuosa" y se "ha ignorado" a los vecinos.

Y Páez ha justificado que entonces se dio "un sí condicionado" y ahora "no se ha admitido ninguna alegación", solicitando una "regulación más estricta" y una moratoria. Precisamente el PSOE pretendía llevar al pleno una moción de urgencia para tratar esta moratoria, pero el Ayuntamiento ha impedido que se admitiera para debate y votación.

Ante todo esto, la respuesta del Gobierno local ha sido la de preguntar "¿Qué argumento jurídico argumenta esa moratoria?" a Hornillo, reprocharle a Peláez que "de nuevo habla de la Junta", y espetarle a Páez que "son el origen con el récord de licencias" y que "hacen pinza, les guste o no".