La Policía Turística empezará en septiembre a llamar a las puertas de pisos que se anuncien online

Fue un anuncio a bombo y platillo, siendo portada de varios medios nacionales. "El Ayuntamiento de Sevilla cortará el agua a unos 5.000 pisos turísticos irregulares", era el titular que daba la vuelta al país. Esta medida forma parte de una lista de diez anunciadas por el alcalde de Sevilla esta semana para declararle la guerra a las viviendas de uso turístico ilegales. Otra destacada es el uso de la Policía Turística, un departamento de la Policía Local que se encargará del trabajo de campo: a partir de septiembre se personará en las puertas de los pisos turísticos susceptibles de no cumplir con la legalidad y que se estén anunciando online para realizar esta actividad. Podrán pedir documentación y comprobar el uso que se esté haciendo del alojamiento inspeccionado.

"Voy a hacer todo lo que esté dentro de la legalidad. Sigo pensando que en Sevilla no cabe ni un solo piso turístico más y que tenemos que endurecer las medidas", aseguraba el regidor hispalense, José Luis Sanz, en la Cadena SER este pasado martes.

Los juristas consultados por El Correo de Andalucía cuestionan la legalidad de la medida anunciada por Sanz, que se escuda en que "si la asesoría jurídica de Emasesa o del Ayuntamiento" no le hubieran dicho de "tirar para adelante" ellos no se tirarían "a la piscina". "Hay que comprobar o tener muy claro que en esas posibles viviendas turísticas ilegales no haya nadie domiciliado, y si lo hay, que no la esté usando como fin de uso turístico. A una vivienda habitual no se le puede cortar el agua lógicamente, pero si no hay nadie domiciliado, sí", explicaba el alcalde.

Inspección presencial tras un barrido

Aquí es donde entra en juego la Policía Turística. La acción de estos agentes será el paso previo a los cortes de agua. Primero se realizará un barrido por la red para analizar los distintos anuncios ofreciendo alojamientos turísticos, para conocer si se encuentran registrados o no. Y a partir de septiembre, comenzarán las inspecciones presenciales y por sectores o zonas, esto último como novedad.

La idea es que los propietarios tengan más reparos al publicar anuncios con ofertas de alojamientos turísticos prohibidos

Cuentan fuentes municipales a este medio que con esta medida se pretende conseguir un efecto dominó, de manera que gran parte de los propietarios de estos alojamientos tengan más reparos a la hora de publicar anuncios con ofertas de alojamientos turísticos prohibidos, logrando una disminución de este tipo de actividad de manera ilegal.

"No se corta el agua de aquí a mañana. Esto tiene un procedimiento", explicaba el alcalde. Primero se realizará una inspección para determinar si la vivienda está operando como uso turístico ilegal, ordenando su paralización. Aquí aparecerá la Policía Turística, "para comprobar si se cumple y si hay alguien domiciliado en la vivienda". Será entonces "cuando se podrá contactar con la empresa del agua, Emasesa, para proceder al corte del agua".

Las funciones de la Policía Turística

Este departamento no es de nueva creación. Ya viene realizando diversas funciones de carácter transversal en materia turística. En 2023 esos agentes cubrieron más de 4.700 servicios, con más de 7.500 horas de vigilancia en las zonas turísticas y se recibieron más de 2.200 llamadas telefónicas.

También inspeccionaron 354 establecimientos y 272 actividades en la vía pública, intervinieron 3.400 artículos y siete armas, pusieron 450 denuncias por diversas infracciones, 102 atestados fueron remitidos a la autoridad judicial, controlaron 160 vehículos, y en total fueron 26 las personas detenidas por esta policía.

Entre sus actuaciones está la atención a los turistas que visitan la ciudad, controlar la venta ambulante a estos visitantes, vigilar e inspeccionar coches de caballo, controlar e inspeccionar establecimientos públicos comerciales y de hostelería y alojamientos turísticos, o vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales (contaminación acústica, convivencia ciudadana, control de guías turísticos y medios de transporte), además de garantizar la seguridad ciudadana. 

"Veo la medida de dudosa legalidad"

Los abogados consultados por este medio coinciden en que es complicado que la intención del alcalde de Sevilla de dejar sin agua a pisos turísticos ilegales pueda llevarse a cabo. Por más que Sanz defienda estar refrendado por la asesoría jurídica del consistorio. “Discrepo mucho de mis compañeros juristas. No siempre las asesorías jurídicas de los ayuntamientos tienen razón", afirma el abogado Joaquín G. Moeckel, que considera la medida "de muy dudosa legalidad".

"De mayor me gustaría ser el Ayuntamiento", ironiza, para que "si tengo un inquilino que no me paga la renta y no se va, decirle que le corto el agua y se vaya". "Pero no puedo hacerlo, porque sería coacción", continúa. Cree que ha sido una propuesta "sensacionalista" que fastidiaría sobre todo al huésped, que "no tiene culpa de nada" ni forma de comprobar que el arrendador ha registrado bien la vivienda.

No pueden negarte el acceso a un mínimo vital esencial para una vida digna

Joaquín Urías

— Jurista

Para Luis Galnares, socio de Argenta Abogados, tanto cortar el agua a turistas como a 'okupas' sería "contrario a la normativa actual" y "limitar un derecho fundamental". Este coincide con Moeckel en que el Tribunal Constitucional ya afirmó que "una habitación de hotel tiene la consideración de residencia habitual", y eso se puede aplicar a un piso turístico. Ambos coinciden también en que en muchas zonas de Sevilla todavía hay contadores comunitarios, no individuales, y "sería inviable el cortar el suministro de agua", afirma Galnares.

En cambio, explica el jurista Joaquín Urías que concebiendo un piso turístico como un negocio que solo se ocupa eventualmente, "cortarle el agua no deja a ciudadanos sin los servicios básicos en su vivienda habitual", pero en un domicilio habitado "lo que no se puede hacer es negarte que tengas acceso a un mínimo vital esencial para una vida digna".

Tampoco está de acuerdo Galnares con la justificación del alcalde de cortar el agua si no hay nadie domiciliado. "Parece que está confundiendo residencia fiscal con hacer un uso como residencia habitual. El que no tenga un uso permanente de la vivienda, en este caso de la persona empadronada, no significa que no esté haciendo un uso del mismo”, añade, y esto se podría demostrar "por ejemplo con un pico de consumo".

Este abogado considera, por tanto, que todavía es "una simple idea que no está plasmada", y que tendrá que transformarlo en texto legal, aprobarlo y entonces se verá "en qué queda y si contradice o no alguna norma de carácter legal". Le queda al alcalde camino legal, negociación política y barrido policial para controlar los pisos turísticos.